Decomisan bienes de Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso el decomiso de bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner y varios condenados en la causa Vialidad. La medida alcanza 122 inmuebles vinculados al esquema de corrupción en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Sorprendente caída de la inflación mayorista en octubre
Según fuentes judiciales, los bienes identificados por el Ministerio Público Fiscal están relacionados con delitos de adjudicación fraudulenta o se constituyeron con activos obtenidos durante el período investigado. El monto original previsto para el decomiso, $84.835 millones, fue recalculado por peritos contables y actualizado a $684.990 millones, cifra avalada por la Corte Suprema de Justicia.
En su resolución, el tribunal rechazó las objeciones de las defensas, que alegaban falta de nexo directo entre los bienes y el delito, así como la afectación de derechos de terceros. Los jueces sostuvieron que para el decomiso no es necesario un desglose contable exacto, sino una vinculación razonable entre los activos y los beneficios del delito.
Entre los bienes afectados figuran propiedades del empresario Lázaro Báez y de sus empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y CABA. También se incluyó un inmueble a nombre de la ex presidenta y un conjunto de bienes registrados a favor de sus hijos Máximo y Florencia.
El tribunal fundamentó su decisión con base en normas internacionales, como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que respaldan el decomiso como herramienta clave para recuperar activos en casos de corrupción estructural. Además, subrayó que una interpretación restrictiva de la figura perjudica el principio de justicia económica.
Canosa iniciará acciones legales tras las acusaciones de Fabiola Yáñez
Se ordenó la tasación de los bienes para luego comunicar la sentencia a la Corte Suprema, con el fin de destinar los fondos recuperados a reparar el "daño social". En particular, se mencionó a la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial fue gravemente afectada por obras adjudicadas irregularmente.
El fiscal Diego Luciani, pieza clave en la causa, avaló la medida: afirmó que ya existe una suma en decomiso equivalente a 500 millones de dólares. "El decomiso está firme... Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares... hay que ir por los bienes", había declarado en un evento público.
Con esta resolución, se inicia la etapa de ejecución forzada sobre los activos, buscando hacer efectivos los fallos de la causa Vialidad tras años de litigio y debate político.
