La letra chica de la polémica reforma laboral que impulsa Javier Milei
El presidente Javier Milei confirmó su decisión de impulsar una amplia reforma laboral que el oficialismo considera clave para "modernizar las relaciones del trabajo" en la Argentina. La iniciativa, basada en un proyecto presentado por la diputada libertaria Romina Diez, introduce cambios en jornada, indemnizaciones, vacaciones y convenios colectivos, con un fuerte foco en las pequeñas y medianas empresas.
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El texto, titulado "Ley de promoción de inversiones y empleo", reproduce buena parte del capítulo laboral del DNU 70/23, actualmente suspendido por la justicia. Entre sus ejes principales se destacan la ampliación de la jornada laboral -que podría extenderse hasta 12 horas diarias- y la posibilidad de fraccionar las vacaciones en varios períodos según acuerdos individuales o sectoriales.
Otro de los puntos centrales es la opción para las pymes de abonar indemnizaciones y multas judiciales en hasta 12 cuotas mensuales, una medida que busca aliviar la carga financiera de los pequeños empleadores. El proyecto también habilita la creación de bancos de horas y otros esquemas de flexibilidad laboral dentro de los convenios colectivos, y reinstala el salario en especie, permitiendo el pago parcial con vales de comida o canastas de alimentos.
Además, el Gobierno prevé incentivos fiscales para quienes contraten nuevo personal, con el propósito de formalizar a los ocho millones de trabajadores que hoy se desempeñan en la economía informal. Para el oficialismo, este es un paso previo necesario antes de avanzar en una reforma tributaria de mayor alcance.
La estrategia política detrás del proyecto combina la base legislativa de Diez con los aportes del Consejo de Mayo, un ámbito de diálogo que reúne a representantes sindicales, empresarios y funcionarios. Entre ellos se encuentran el dirigente gremial Gerardo Martínez y el empresario Martín Rappallini, quienes participan de las conversaciones que buscan dar consenso a la reforma.
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El secretario de Trabajo, Julio Cordero, es una de las figuras más activas en el diseño técnico del plan. Abogado con tres décadas y media en el Grupo Techint, Cordero fue parte del equipo que redactó el capítulo laboral del DNU 70/23 y defiende la necesidad de "adaptar la legislación a las nuevas formas de empleo".
En paralelo, el funcionario promueve revisar la ultraactividad de los convenios colectivos -que los mantiene vigentes hasta su reemplazo- y los aportes sindicales obligatorios, puntos que considera claves para "equilibrar las relaciones entre capital y trabajo". También plantea que las paritarias se discutan por empresa y productividad, un esquema inspirado en el modelo de los años noventa bajo el gobierno de Carlos Menem y la gestión económica de Domingo Cavallo.
