Cuadernos: empresarios arrepentidos detallaron presiones, pagos ilegales y el rol clave de Vialidad
El Tribunal Oral Federal N.º 7 retomó este martes la lectura de la elevación a juicio del tramo conocido como "La Camarita" en la causa Cuadernos. Durante una audiencia de cuatro horas se leyeron 83 fojas con declaraciones de empresarios de la construcción que, en calidad de arrepentidos, describieron un esquema de presiones, pagos ilegales y cartelización en la obra pública.
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Los testimonios, prestados ante el fiscal Carlos Stornelli y homologados por el juez Claudio Bonadio, coincidieron en señalar que los aportes no eran voluntarios, sino condiciones impuestas para evitar represalias, demoras en los pagos o la exclusión del mercado. Las exigencias, relataron, incluían advertencias explícitas y mecanismos de control sobre quién podía trabajar.
Patricio Gerbi, presidente de COARCO, sostuvo que las presiones comenzaron tras firmar concesiones viales. Según declaró, el entonces titular del OCCOVI, Claudio Uberti, transmitió que "por pedido del presidente Kirchner teníamos que hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias". La negativa inicial derivó -dijo- en inspecciones, multas y amenazas: "Me decía ‘te voy a hacer fundir', ‘me voy a quedar con tu empresa', ‘voy a ir por vos y por tu familia'". Admitió entregas de entre 15.000 y 25.000 dólares por encuentro.
Juan Chediak describió un esquema similar con exigencias directas del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido. "Si querés seguir trabajando tenés que pagar", recordó. Relató entregas en el ministerio y en el domicilio del ex funcionario, con montos mensuales de entre 100.000 y 250.000 pesos, y señaló que luego el sistema se centralizó en el financista Ernesto Clarens: "Acá se es amigo o enemigo".
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Desde una perspectiva más estructural, Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, afirmó que desde 2004 se organizó un mecanismo para asegurar ganadores en licitaciones y exigir retornos del 10 al 20 por ciento del anticipo financiero. "La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero", declaró, y reconoció la participación de su empresa, ESUCO.
Aldo Roggio admitió aportes exigidos por Roberto Baratta, con entregas de 50.000 y 100.000 dólares, que realizó -dijo- "ante la evidente probabilidad de represalias", y describió al gobierno de entonces como de "neto corte autoritario".
Marcela Sztenberg, directiva de EQUIMAC, relató el impacto de las presiones en la empresa y su entorno familiar. Identificó a Clarens como principal interlocutor y afirmó que, tras comunicar la imposibilidad de seguir pagando, los contactos cesaron, pero la firma quedó afectada por deudas y demoras.
En la valoración de la prueba, Stornelli sostuvo que el sistema estuvo orientado a direccionar adjudicaciones y recaudar dinero ilegal mediante retornos. Señaló a Wagner como quien "diagramó el funcionamiento", a Clarens como responsable de la faz recaudatoria y subrayó el rol de la Dirección Nacional de Vialidad como engranaje clave. Ubicó a Cristina Kirchner en "la cúspide de la pirámide" y a Julio De Vido como organizador en el área de obra pública.
El debate continuará el jueves a las 9:30, cuando se prevé la lectura de las últimas 51 fojas del tramo "La Camarita".
