Crisis por el INDEC: el riesgo país volvió a superar los 500 puntos

El conflicto desatado en torno al INDEC tuvo un impacto inmediato en el mercado financiero y dejó una señal de alerta para los inversores. La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del organismo, sumada a la decisión oficial de frenar la publicación del nuevo índice de inflación, derivó en una fuerte caída de los activos argentinos y en un nuevo salto del riesgo país, que volvió a superar los 500 puntos básicos.

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La reacción fue rápida y contundente. En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas registraron bajas de hasta 23%, con Bioceres Crop liderando las pérdidas y tocando un mínimo histórico. También retrocedieron con fuerza Globant y Vista. En la plaza local, el índice Merval cerró en terreno negativo y los bonos soberanos profundizaron su tendencia bajista, en un contexto marcado por el aumento de la desconfianza.

El episodio tuvo como detonante la decisión del Gobierno de postergar la difusión del nuevo IPC, que arrojaba una inflación del 3,4% para enero. Según admitió el ministro de Economía, Luis Caputo, la salida de Lavagna se produjo tras su negativa a aceptar que el índice no se publicara. En el mercado, la señal fue interpretada como una interferencia política directa en las estadísticas públicas, un punto especialmente sensible para los inversores.

A ese escenario se sumó otra definición que cayó mal entre los operadores financieros. Caputo confirmó que el Gobierno no prevé salir al mercado internacional de deuda en el corto plazo, lo que reforzó la percepción de aislamiento financiero y agregó presión sobre los títulos públicos.

Las repercusiones no se limitaron al ámbito bursátil. Economistas y exfuncionarios cuestionaron con dureza el manejo del conflicto y, en particular, la comunicación oficial. Carlos Melconian sostuvo: "Salvo que me esté perdiendo algo que no sé, una vez más el Gobierno comete el pecado de tener una infantería comunicacional y comunicar mal", y agregó: "Han cometido un horror comunicacional y de crédito personal".

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Otros especialistas pusieron el foco en el daño reputacional. Ariel Coremberg reclamó mayor autonomía para el organismo y advirtió: "El Indec debería ser un organismo autárquico e independiente de los gobiernos, con su titular designado por concurso y un consejo consultivo que establezca su plan de trabajo. Sostener la credibilidad es fundamental".

Desde una mirada más técnica, Marina Dal Poggetto calificó la decisión como "desprolija" y reconoció que la salida de Lavagna "genera algo de ruido", aunque destacó la continuidad del equipo técnico. En un tono más crítico, Martín González Rozada afirmó: "Un día negro para las estadísticas públicas del país. La interferencia política para impedir que se publique el IPC con la nueva canasta habla más del ‘proceso de desinflación' implementado por el ministro que de la forma de medirla".

Las críticas también llegaron desde el plano político. Martín Tetaz advirtió sobre el impacto que cualquier manipulación puede tener en activos indexados, mientras que Alfonso Prat-Gay subrayó la importancia de la independencia estadística para sostener la estabilidad económica. Lucas Llach, por su parte, valoró la gestión de Lavagna y el proceso de recuperación de credibilidad del instituto.

Con matices, Sebastián Galiani consideró que el cambio metodológico era necesario, aunque cuestionó la forma en que se comunicó la postergación: "Es un error, pero un error en democracia, con estadísticas funcionando. No un retroceso institucional".

Más allá de las interpretaciones, el efecto fue claro y medible. La controversia por el INDEC tuvo un costo financiero inmediato, con bonos en baja, riesgo país en alza y un golpe a la confianza, en un momento clave en el que el Gobierno buscaba consolidar señales de estabilidad y control de la inflación.