Caso Adorni: el juez investiga el patrimonio del funcionario con una compra millonaria bajo la lupa

También solicitó datos sobre el historial laboral del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. Busca profundizar la investigación sobre la evolución patrimonial del funcionario.

La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevos avances luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenara una serie de medidas destinadas a profundizar distintas líneas de análisis sobre su situación económica y la de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.

La resolución, de cinco páginas, dispone el envío de oficios a organismos públicos, empresas privadas y administraciones de barrios cerrados con el objetivo de obtener documentación que permita esclarecer diversos movimientos patrimoniales bajo investigación.

Kicillof fulminó a Manuel Adorni por los Bitcoins: "Estoy buscando un pendrive para la Provincia"

Entre las diligencias solicitadas figura un pedido de información sobre una eventual relación laboral de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. El fiscal busca establecer si entre 2017 y 2023 existieron contrataciones, designaciones, asesorías o cualquier tipo de actividad remunerada vinculada con esa entidad.

En caso de comprobarse ese vínculo, Pollicita requirió que se remita toda la documentación respaldatoria correspondiente, incluyendo designaciones, funciones desempeñadas, remuneraciones percibidas y eventuales declaraciones juradas patrimoniales.

Adorni y su declaración jurada: reconoció criptomonedas ocultas por más de medio millón de dólares

Además, la investigación apunta a obtener detalles sobre obras y movimientos registrados en una propiedad ubicada dentro del barrio privado Indio Cuá Golf Club, así como información relacionada con una compra superior a los 8 millones de pesos realizada en un comercio dedicado a la venta de muebles y colchones.

Las nuevas medidas buscan ampliar la base probatoria de la causa y verificar si existe correspondencia entre el patrimonio declarado por el funcionario y las operaciones económicas detectadas durante el período analizado por la fiscalía.

Esta nota habla de: