Baja de imputabilidad: el oficialismo firmó dictamen sin apoyo del peronismo y la izquierda
El oficialismo, junto a bloques aliados y sectores de la oposición dialoguista, logró firmar este miércoles el dictamen de mayoría del proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La decisión se tomó en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y habilita que la iniciativa sea tratada en el recinto el próximo jueves a las 11.
La firme postura que tomó Mercedes Rus sobre la baja de la imputabilidad
Durante el debate, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, informó que el despacho reunió hasta el momento 75 firmas, número suficiente para avanzar hacia la discusión en el pleno. Desde el oficialismo defendieron la propuesta como parte de un cambio estructural en el Régimen Penal Juvenil.
El diputado mendocino Álvaro Martínez, titular de la comisión de Justicia, sostuvo: "Hoy dimos un paso importante: el Régimen Penal Juvenil tiene dictamen. No buscamos castigar por castigar. Buscamos que haya consecuencias y oportunidades reales de reinserción. Porque la impunidad no es inclusión. Es abandono. En línea con el cambio que impulsa Javier Milei: orden, responsabilidad y un sistema que vuelva a poner a las víctimas en el centro. Sin responsabilidad no hay libertad".
En paralelo, la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina manifestó su rechazo al proyecto mediante una carta enviada a Diputados. Los magistrados advirtieron que la reforma implica un retorno a una "lógica punitiva simplificadora" y calificaron la iniciativa como un "efecto placebo".
El anuncio que hizo el Gobierno sobre la baja en la edad de imputabilidad
En el documento afirmaron que "bajar la edad de punibilidad no constituye una solución, sino una renuncia del Estado a diseñar e implementar políticas públicas complejas e integrales" y remarcaron que la justicia juvenil debe orientarse a la "responsabilidad progresiva" y no a la "venganza social".
También concluyeron que "más castigo temprano no produce mayor seguridad. Más derechos y una efectiva garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, sí".
El proyecto fija un máximo de 15 años de prisión para menores, descarta la reclusión perpetua y establece sanciones alternativas con enfoque educativo para delitos de menor gravedad.
