Aseguran que una senadora de Milei "metió en el Estado" a sus tres hijos, su hermano, su sobrina, su nuera y su cuñada
Una senadora por Jujuy de La Libertad Avanza, Vilma Facunda Bedia, se encuentra en el medio de la polémica luego de que la acusaran de incorporar a varios miembros de su familia en su despacho en la Cámara Alta.
Según un informe de La Política Online, "la legisladora jujeña ha contratado a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada".
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En palabras del medio, Bedia consiguió para su hijo Joel Benjamín Mamani un puesto de planta transitoria con categoría A3, con un salario aproximado de 700 mil pesos, y otro para José Jair Mamani, con una categoría A1, con un ingreso estipulado en 1,2 millones de pesos. Aunque fuentes locales incluyen en la lista de empleados de la senadora a su hijo Pablo, este no aparece en los registros públicos del Congreso.
Según fuentes cercanas, Bedia también ingresó también a sus hermanos, Juan Carlos, pastor y presidente de la Fundación Emanuel, y Ricardo, miembro de la misma entidad, quienes han accedido a una categoría A1.
La Fundación Emanuel es descrita por los Bedia como una ONG de carácter "cristiano" que ha promovido "seminarios de higiene mental". Albert Bedia, otro hermano de la senadora, se ha unido como asesor, aunque se le asignó una categoría A3. Sin embargo, estos nombres no aparecen en la lista oficial del Senado.
Aunque no hay constancia oficial, se especula que algunos de estos empleados podrían estar contratados de forma menos visible, con sueldos menores, alrededor de los 200 mil pesos, según fuentes del Congreso.
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Por otro lado, el medio aseguró que algunos de los empleados de mayor confianza de Bedia también podrían ser beneficiarios del programa Potenciar Trabajo: "El margen para cobrar un salario del Senado al mismo tiempo que se percibe un plan del ex Ministerio de Desarrollo Social sería que la actualización de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) demora entre 5 y 6 meses. Durante ese lapso, habría puntos ciegos para el control y la transparencia estatal, alegan en la Cámara Alta", consignaron.
