Alquileres: el oficialismo presentó su propuesta para modificar la cuestionada ley sancionada en 2020

La iniciativa impulsada por exgobernador sanjuanino José Luis Gioja apunta a mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos y otorga beneficios tributarios a locadores.

El exgobernador sanjuanino José Luis Gioja y actual diputado nacional por el Frente de Todos, presentó este viernes un un proyecto de modificación de la cuestionada ley alquileres sancionada en 2020

Según el texto del proyecto al que tuvo acceso el sitio Parlamentario.com, la iniciativa de Gioja propone algunos puntos interesantes que podrían mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos y al mismo tiempo otorga a los locadores beneficios tributarios. Puntualmente, la desgravación del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales.

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"Esta ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores un minuto después de su aprobación", sostuvo Gioja y agregó que "pretendemos fortalecer y transparentar el mercado inmobiliario y sentar las bases para que, desde el Estado Nacional y los estados provinciales se delineen políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler".

El proyecto también incluye algunos beneficios para monotributistas, entre ellos, que los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo) no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia.

En cuanto al déficit de viviendas destinadas al alquiler, el exgobernador propone que el Consejo Nacional de la Vivienda diseñe y formule un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a la gestión pública de alquileres sociales, como así también elaborar un modelo de proyecto de ley para gravar en provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles que podrían destinarse a la vivienda y que se encuentran deshabitados.


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