Ofender a una maestra será igual que burlarse del gobernador

El Gobierno busca restablecer la imagen del docente dentro de la sociedad mendocina y por eso quien ofenda a un educador será tomado como si lo realizara contra el mismo gobernador o un juez de la Corte. Además, los maestros contarán con un defensor oficial que se encargará de representarlos ante la justicia en casos de amenazas de parte de familiares de sus alumnos.

La iniciativa consta en la modificación del artículo 43 del Código de Faltas que establece que “el que, en lugar público o privado abierto al público, ofendiere en forma personal y directa con burlas, mofas, palabras o actos a un funcionario público en razón de su cargo y siempre que el hecho no constituya delito, será castigado con arresto (...) y multa”. La idea es equiparar al docente con un funcionario de la más alta jerarquía, como puede ser el gobernador o un ministro de Suprema Corte de Justicia, de modo tal que se pueda aplicar la sanción correspondiente.

También se actualiza la pena a cumplir, que hasta ahora imponía un máximo de 3 días de arresto y $300. A partir de su puesta en vigencia, se multiplicarán por 10, contando hasta 30 días de arresto y $3.000. No obstante, el senador radical Adrián Reche destacó que se trata de acciones menores que no constituyen delitos, ya que en caso de violencia física se transforma en una acción penal.

Extensible a municipales y notificadores

Por pedido de los senadores justicialistas Ana Sevilla y Guillermo Amstutz, se añadió en su carácter de funcionarios a los empleados municipales y a todo inspector o notificador de una empresa de servicios públicos que sea agredido mientras realiza sus funciones cotidianas.

Con respecto a los primeros, Sevilla destacó que “los municipales son los primeros en tener contacto con los vecinos y por tanto necesitan de toda la protección que le pueda prestar el Estado”. Asimismo, “ocurre que muchas veces los ciudadanos descargan su enojo con los notificadores o inspectores, que trabajan para proteger los recursos escasos”, completó el legislador lasherino.

Paquete docente

El paquete de medidas para la protección de docentes se completa con dos figuras claves. Se trata del defensor público y la intervención del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar en caso de detección de abusos intrafamiliares de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas.

De este modo, cada vez que se detecte un caso, ya no serán los maestros o profesores quienes realicen la denuncia personalmente en la justicia, sino que se lo comunicarán un defensor de menores para que, junto a los operadores de la OAL (Órgano Administrativo Local), se hagan cargo de la situación. Así, el personal escolar no tendrá relación directa con los agresores.

Como refuerzo, se incluye la figura de un protector letrado que se encargará de representar los intereses de los docentes, y de este modo el Gobierno intercederá por ellos ante cualquier agresión o amenaza de la que fueran víctimas.

El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, que por voto unánime de todos los bloques acompañó la iniciativa que tiende a proteger a los casi 70 mil docentes que ejercen en toda la provincia. Se estima que esta semana comience a ser tratado por la Cámara de Diputados y sea aprobado la semana próxima.