El peor final
La sociedad sigue conmocionada porque un auxiliar de policía asesinó a balazos a la madre y al sobrino de su ex pareja en un hecho trágico.
Esto nuevamente pone en vidriera dos aspectos: primero la violencia familiar, que en este caso, deja como saldo víctimas fatales; y por otro lado el estado psíquico de algunos uniformados que tienen en su poder un arma de fuego.
Algunos casos han demostrado que no todas las personas que ingresan a la fuerza de seguridad están en condiciones de ejercer su función de cuidar y preservar a la sociedad, ni tampoco de portar un arma.
Dentro de los incapaces para esto se encuentra José Ontiveros, de 34 años, que en la siesta del domingo fue hasta el barrio Solares de San Antonio, de Guaymallén, para acribillar a sangre fría al pequeño Benjamín (8) y a su abuela –ex suegra- Gabriela Beatriz Fernández, también policía.
“Ahí tenés. Te maté a tu mamá y a tu sobrino. ¿Viste que lo que te prometo te lo cumplo? ¿Ahora qué sentís?”, le dijo Ontiveros por teléfono a su ex pareja, la auxiliar de policía Yamila Monje (26).
Cuesta creer que una persona haya hecho lo que hizo y que le haya expresado, como si nada, los asesinatos que había cometido a su ex mujer.
¿Qué culpa tenían el chico que andaba en su bicicleta o su abuela que disfrutaba de una sobremesa en familia? Ninguna, por supuesto. Se toparon con una persona que no está en sus cabales, y que para colmo de males fue autorizado a utilizar un arma reglamentaria.
Se espera que se haga justicia por este caso. Más allá de eso, queda el dolor de una familia destrozada que solo lo pueden sentir los integrantes de la misma.
Habrá que establecer qué grado de responsabilidad tienen los profesionales o entidades que determinaron que el policía era “apto” para desarrollar sus funciones.
También habrá que ajustar los controles y las condiciones psicofísicas de todos aquellos que forman o quieren ser parte de la policía de Mendoza.
Esto nuevamente pone en vidriera dos aspectos: primero la violencia familiar, que en este caso, deja como saldo víctimas fatales; y por otro lado el estado psíquico de algunos uniformados que tienen en su poder un arma de fuego.
Algunos casos han demostrado que no todas las personas que ingresan a la fuerza de seguridad están en condiciones de ejercer su función de cuidar y preservar a la sociedad, ni tampoco de portar un arma.
Dentro de los incapaces para esto se encuentra José Ontiveros, de 34 años, que en la siesta del domingo fue hasta el barrio Solares de San Antonio, de Guaymallén, para acribillar a sangre fría al pequeño Benjamín (8) y a su abuela –ex suegra- Gabriela Beatriz Fernández, también policía.
“Ahí tenés. Te maté a tu mamá y a tu sobrino. ¿Viste que lo que te prometo te lo cumplo? ¿Ahora qué sentís?”, le dijo Ontiveros por teléfono a su ex pareja, la auxiliar de policía Yamila Monje (26).
Cuesta creer que una persona haya hecho lo que hizo y que le haya expresado, como si nada, los asesinatos que había cometido a su ex mujer.
¿Qué culpa tenían el chico que andaba en su bicicleta o su abuela que disfrutaba de una sobremesa en familia? Ninguna, por supuesto. Se toparon con una persona que no está en sus cabales, y que para colmo de males fue autorizado a utilizar un arma reglamentaria.
Se espera que se haga justicia por este caso. Más allá de eso, queda el dolor de una familia destrozada que solo lo pueden sentir los integrantes de la misma.
Habrá que establecer qué grado de responsabilidad tienen los profesionales o entidades que determinaron que el policía era “apto” para desarrollar sus funciones.
También habrá que ajustar los controles y las condiciones psicofísicas de todos aquellos que forman o quieren ser parte de la policía de Mendoza.
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