Uno de cada dos docentes no tiene vivienda: el Gobierno impulsa un proyecto para revertir la crisis

El ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, explicó el alcance de la iniciativa que modifica el Fondo Escolar Permanente para facilitar el acceso de trabajadores de la educación a la vivienda.

La Cámara de Diputados de Mendoza comenzó este lunes el tratamiento del proyecto de ley impulsado por el Gobierno provincial para modificar el Fondo Escolar Permanente, una iniciativa que apunta a facilitar el acceso a la vivienda para los docentes mediante nuevas herramientas de financiamiento. 

Durante el debate en comisiones, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, sostuvo que el déficit habitacional alcanza aproximadamente al 50% del personal docente.

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El funcionario participó del plenario de las comisiones de Cultura y Educación y de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, donde explicó los principales alcances de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. 

Según indicó, la reforma busca modernizar el funcionamiento del Fondo Escolar Permanente e incorporar mecanismos que permitan respaldar programas destinados a soluciones habitacionales para los trabajadores de la educación.

El proyecto contempla modificaciones a la Ley Nº 9.545 para ampliar las fuentes de financiamiento del Fondo, incorporando los ingresos provenientes de bienes en desuso y rezagos pertenecientes a la Dirección General de Escuelas (DGE).

Además, propone crear un Régimen de Garantía y Disponibilidad Restringida, una herramienta financiera destinada a respaldar operaciones crediticias vinculadas al acceso a la vivienda docente, preservando al mismo tiempo el patrimonio y el funcionamiento del sistema educativo.

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La iniciativa también establece que las rentas generadas por el Fondo podrán destinarse a la compra de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares. 

Asimismo, habilita a la DGE a utilizar esos recursos como garantía o respaldo en operaciones financieras, fideicomisos e intercambios de inmuebles relacionados con programas de urbanización y acceso a la vivienda para docentes, siempre dentro del marco legal vigente.

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