Uno a uno, como votaron los diputados mendocinos en la media sanción de financiamiento universitario
En una jornada marcada por la tensión política, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto de ley que actualiza el presupuesto para las universidades nacionales y contempla mejoras salariales para docentes y no docentes. La iniciativa representa un duro revés legislativo para el gobierno de Javier Milei, y ahora deberá ser tratada en el Senado.
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El proyecto fue elaborado por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y respaldado por una amplia mayoría de bloques opositores.
Con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, la norma establece una recomposición presupuestaria retroactiva desde mayo hasta diciembre de 2025, junto con ajustes bimestrales atados al índice de inflación. También prevé un mayor control de los fondos a través de la Auditoría General de la Nación.
En Mendoza, el debate expuso fracturas internas entre sus representantes. Cinco diputados mendocinos votaron a favor: Mariela Paponet, Adolfo Bermejo y Martín Aveiro (Unión por la Patria), Julio Cobos (Unión Cívica Radical) y Lourdes Arrieta (Transformación). Todos coincidieron en la necesidad de garantizar el financiamiento de la educación superior pública y sostener los salarios del personal universitario.
Por el contrario, Álvaro Martínez, Mercedes Llano y Facundo Correa Llano, los tres diputados de La Libertad Avanza, se manifestaron en contra. Argumentaron que el proyecto "es fiscalmente inviable" y se inscribe dentro de "la resistencia al programa de déficit cero" que impulsa el oficialismo nacional.
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Desde el oficialismo libertario, la norma fue duramente cuestionada por considerarla una imposición presupuestaria que condiciona al Poder Ejecutivo. Sin embargo, desde la oposición, el proyecto fue presentado como una respuesta urgente frente al ajuste que enfrentan las universidades, en un contexto de deterioro salarial y aumento de los costos operativos.
Ahora, el Senado tendrá la última palabra. Si se aprueba sin modificaciones, la ley entrará en vigencia y marcará un cambio significativo en la distribución de fondos para el sistema universitario argentino, uno de los sectores más golpeados por el ajuste económico.
