¿Tiene sentido que el EPAS siga funcionando?
Con el cese de funciones de OSM y la posterior creación de Aysam, esa entidad no tiene por qué seguir funcionando. O por lo menos así lo postuló Protectora, la ONG de defensa del consumidor, en un pedido de disolución que presentó la semana pasada en la legislatura provincial.
“La mayor necesidad de disolver al EPAS, surge sin lugar a dudas, en cuidar y proteger los recursos económicos escasos de los usuarios que actualmente pagan para mantener un ente que carece de misión y contenido”, explicó José Ramón, titular de Protectora.
“Lo venimos viendo desde que se creó Aysam, pero queríamos averiguar cómo se financiaba el EPAS. Luego de algunas investigaciones nos enteramos que ese ente se lleva el 2,67% de la factura de cada usuario mendocino”, recalcó. Ese porcentaje, aplicado a unos 350 mil hogares, deriva al EPAS más de $3,5 millones anuales.
Según consta en el escrito presentado por la ONG: “No existe más un concesionario privado que deba ser controlado, sino por el contrario, la concesión del servicio es prestado en forma directa por el Estado provincial por intermedio de una empresa que es del Estado, quien nombra sus directores y síndicos y tiene mayoría accionaría. Por lo que debería disponerse legislativamente la disolución del EPAS, para evitar que los usuarios sigan pagando su mantención”.
Para José Ramón se podría utilizar ese dinero para mejorar el servicio: “El monto que ahora se paga se debería reinvertir para mejorar el servicio universal de agua. Por ejemplo extendiendo la red de cloacas o llegando más lejos con agua potable”, enumeró el titular.
“Estamos gastando plata de todos los mendocinos en mantener un monstruo que no tiene ninguna función. Además el Estado prevé otros controladores para resolución de problemas de los usuarios, como la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor”, añadió.
