Sin la oposición, el oficialismo aprobó el Código de Faltas

Si bien la historia legislativa del nuevo Código Contravencional tenía final cantado, a diferencia de otros proyectos impulsados por el ejecutivo provincial, éste resultó ser uno de los más resistidos por casi todo el arco opositor como también por muchas organizaciones sociales quienes entienden que la norma vulnera seriamente libertades y derechos de todos los mendocinos.

En realidad, en la sesión de ayer no había ninguna chance de que el código fuera rechazado ya que las únicas opciones eran insistir con la media sanción que ya había obtenido el proyecto en el Senado o aceptar la media sanción con modificaciones que venía de Diputados. Dada la mayoría de votos con los que cuenta el oficialismo en el Senado era un hecho que por un lado u otro el proyecto sería aprobado. A pesar de ello, los senadores de la oposición aprovecharon la sesión para manifestar su oposición y retirarse del recinto al momento de la votación con el objetivo de no avalar ninguna de las opciones.

Entre los legisladores que hicieron uso de la palabra, el senador por el FIT, Lautaro Jiménez, repasó algunos de los artículos más controvertidos del Código como el 55 que establece que las manifestaciones o reuniones en lugares públicos o privados que no sean comunicadas, autorizadas, reglamentadas por la autoridad competente van a ser no solo multadas sino que se incluye la pena de días de arrestos. Medida que calificó como grave y la comparó con una la ley del régimen Franquista que establecía una multa de 500 pesetas y le daba competencias a las autoridades gubernamentales para detener a quienes cometiesen este tipo de actividades. “No cabe dudas que estamos ante un código de faltas cuyo único fin es perseguir a los sectores más vulnerables, profundizar la persecución estatal como también profundizar la persecución y la criminalización de la protesta”, aseguró.

A su turno el senador Adolfo Bermejo (PJ) dijo que el gobierno está haciendo un abuso del número al utilizar su mayoría para imponer cada uno de los proyectos que presenta sin contar con la posibilidad de tener algún tipo de discusión. “Lo que pido es que pasemos de la revolución de lo sencillo a la revolución de lo complejo para poder tratar los temas con la madurez política que siempre tuvo la provincia”, señaló.

Por el Partido Intransigente, el senador Marcelo Romano, en contraposición a su par, el pastor Héctor Bonarrico, enfocó su crítica desde lo ideológico y acusó al oficialismo de estar abandonando las banderas del radicalismo y de apoyar un proyecto que va en contra de la libertad de expresión y de manifestación. En ese marco comparó al gobernador Cornejo con el expresidente Juárez Celman, que agobiado por una profunda crisis económica y el aislamiento político se vio forzado a renunciar a su mandato. Apelando a su pasado radical,  Romano afirmó que “se les debería caer la cara de vergüenza a los que dicen ser radicales de la época de Alfonsín”, y agregó que es un gobierno patotero que perdió la calle al no poder darle una posibilidad de darle esperanza a la gente que la está pasando mal y que por todo esto “van a pasar a la historia como un gobierno que quiso ser radical y que terminó siendo el más conservador de todos”.

Por su parte, las senadoras peronistas Patricia Fadel y Natalia Vicencio señalaron que en uno años, cuando se escriba la historia, “se van a recordar los nombres de quienes apoyaron un código represivo”  y que solo tiene con fines recaudatorios.  En tanto Fadel remarcó que el autor del Código es el ministro de Seguridad, Gianni Venier, a quien justamente se le dictó una prohibición de acercamiento a su esposa por un caso de violencia de género.   

Otro de los legisladores que pidió hacer uso de la palabra fue el senador por el FPV, Luis Bohm, quien cuestionó “la premura” con la que el ejecutivo pretendía aprobar el código siendo que en este momento las prioridades de la gente pasan por otros temas. En ese sentido dijo que el nuevo Código de Faltas es “un globo amarillo distractivo, cómplice de una política de mano dura para que cierren las políticas de ajuste, cuando la preocupación de la sociedad está diametralmente puesta en otra agenda que es la inflación, la desocupación, la inseguridad, el robo y el crimen”.

La última intervención, antes de que la oposición se retirara del recinto, fue del senador por el FIT, Víctor Dávila, quien dijo que el Código de Faltas es parte de una política integral del gobierno que se complementa con una serie de reformas judiciales por las cuales busca establecer un orden social en beneficio para un determinado sector de la sociedad, pero perjudica a otros más desprotegidos como los vendedores ambulantes o los que mendigan. Además advirtió que a pesar de haber logrado su aprobación el código ahora tendrá que atravesar la prueba más importante que es el su aplicación, lo que significa la principal limitación porque “la gente que tiene necesidades va seguir vendiendo empanas, o va a seguir pidiendo en las calles, porque la realidad es que 1 de cada 3 mendocinos hoy es pobre. Vamos a ver si lo aplican, porque lo que está en juego no solo son la libertades democráticas sino las posibilidades de vivir de la inmensa mayoría de la población”.

La única intervención oficial estuvo a cargo del senador Juan Carlos Jaliff, quien criticó que la oposición no haya votado y que haya utilizado falsedades diciendo cosas que el código no dice. “Este es un código que defiende a la gente común, defiende al hombre que está sufriendo contravenciones a normas de convivencia y que ahora puede recurrir a la autoridad para que cese esa molestia”, aseguró.

Por último dijo que el código tendrá al menos un año de aplicación hasta y que en las próximas elecciones la gente podrá elegir si está bien o mal. Y que de ganar la oposición tendrán la posibilidad de derogarlo o poner en vigencia nuevamente el código que rige desde hace 55 años.