Sin concurso: designan en la Corte a la hija de un exdirector de Osep

Se trata de Emiliana Lilloy quien ocupará el cargo de Asesora de Presidencia. La designación lleva la firma de Dalmiro Garay, María Teresa Day y José Valerio. Su sueldo se equipara con el de un ministro del poder ejecutivo.

Desde el mismo ámbito de Justicia desde donde se promovió la ley de desequiparación de cargos que funcionarios que cobraban lo mismo que un magistrado, ahora se crean cargos que no solo no han sido otorgados por concurso, sino que además, sus salarios están equiparados con el de un ministro del poder ejecutivo provincial (Clase 71) el cual supera los $250.000 pesos.

La ley 9230 sancionada el año pasado establece en su artículo 3 que "en el caso de producirse vacantes o nuevas designaciones de secretarios relatores, las mismas serán cubiertas por concurso". 

Según se conoció a través de la acordada 30.006 este lunes quedó firme la designación de Emiliana Lilloy como Asesora de Presidencia. Se trata de la hija de Ricardo Lilloy quien ocupó el cargo de director de Osep donde es recordado por un incendio en las instalaciones de la obra social donde se perdió gran parte de la documentación del organismo. En el mundo del fútbol tuvo un cuestionado paso por la presidencia del Club Independiente Rivadavia (La Lepra).    

La designación de Emiliana lleva la firma del presidente de la Suprema Corte Dalmiro Garay, José Valerio (ambos designados durante la gestión de Alfredo Cornejo) y de María Teresa Day que fue una de las incorporaciones más cuestionadas en el máximo tribunal de justicia de la provincia. 

Asaltaron un local y se llevaron hasta el posnet

La abogada tiene una amplia trayectoria en temas de género y es un activa militante. Según trascendidos esta designación sería la punta de lanza para que luego se haga cargo de la Dirección de la Mujer, cargo que actualmente ocupa Stella Spezia

Según fuentes judiciales, aunque aun figure como director general de ATM, Enzo Rizzo sería otro de los designado, sin pasar por concurso, en el cargo de Administrador General el cual depende directamente del presidente de la Corte Dalmiro Garay y que era ocupado por la Mónica González, funcionaria de larga trayectoria que renunció a su cargo tras la sanción de la Ley 9230.

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