¿Reina sí o reina no en Guaymallén? La justicia le pasó la pelota a Suarez para que defina

La Suprema Corte avaló la intervención del Gobierno de Mendoza para resolver el conflicto por la elección de la Reina de Guaymallén, eliminada por el intendente Marcelino Iglesias.

La eliminación de la Reina de la Vendimia en el departamento más grande del oeste argentino sigue levantando polvareda y mantiene al intendente Marcelino Iglesias en el ojo de la tormenta.

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Es que justamente, se quedó solo. Ningún otro intendente acompañó su férrea iniciativa de eliminar la elección de la Reina de la Vendimia, debido a que según el mandatario, el acto sólo promueve, entre otras cosas, los estereotipos hegemónicos de belleza.

Marcelino contra todos. 

Lo cierto es que Iglesias mantuvo su decisión, a pesar de ponerse en contra a todos los sectores relacionados con la más tradicional de las celebraciones de Mendoza. Finalmente, hubo una fiesta "no oficial" en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia en Maipú en donde se coronó a Julieta Lonigro como la representante "no oficial" de Guaymallén.

En ese marco y luego de las presentaciones que los detractores de Iglesias hicieron en la justicia, la Suprema Corte decidió hacer lugar al pedido de intervención- que formuló la Fiscalía de Estado- para que este conflicto sobre reina sí o reina no en Guaymallén sea resuelto por el Gobierno de Mendoza.

Julieta Lonigro, la reina "blue" de Guaymallén. 

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En su momento y en el medio del escándalo, el gobernador Rodolfo Suarez había propuesto a través de su cuenta oficial de Twitter que "la reina de Guaymallén elegida anteriormente (año 2020) sea la que represente al departamento en la actual Fiesta Nacional de la Vendimia, ya que tiene legitimidad en su elección".

Ahora, el fallo de la Corte indica que el objeto del litigio planteado, por su importancia pública, trascendería los meros intereses de las partes e involucraría a los de la Provincia de Mendoza al referirse a un bien inmaterial del patrimonio cultural, cuyo deber de conservación y garantía de acceso corresponden al Estado provincial.

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