Por el recorte salarial a miles de docentes, el SUTE denunció al Gobierno

Es porque según explicaron en la última paritaria no se los informó de que el FONID no se pagaría. La decisión de Milei complicó al ejecutivo mendocino.

La reciente decisión del presidente y líder de Libertad Avanza, Javier Milei, de cancelar el envío del Fondo de Incentivo Docente (FONID) desencadenó un nuevo conflicto entre el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y el Gobierno provincial.

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La situación se originó cuando un grupo de docentes y directoras con más de 30 años de servicio descubrieron que se les había depositado 28.700 pesos menos en sus cuentas al intentar retirar sus haberes.

Los docentes de instituciones privadas también se vieron afectados por esta medida nacional. Según confirmó Luisa Nasif, titular del SADOP, varios docentes recibieron un salario inferior al del mes anterior, lo que dificulta alcanzar el piso salarial mínimo de 250 mil pesos.

El SUTE y el SADOP denunciarán al Gobierno provincial. 

Ante esta situación, Carina Sedano, secretaria gremial del SUTE, decidió presentarse en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de Mendoza para denunciar a la Dirección General de Escuelas (DGE).

La denuncia se basa en la falta de pago del FONID y del ítem de conectividad nacional, acordado en la paritaria de noviembre de 2020, lo que representa una reducción salarial significativa para los trabajadores de la educación.

El gremio docente sostiene que durante la última paritaria, realizada el 16 de febrero, el Ejecutivo no informó que el incentivo docente no sería abonado, lo que consideran una violación de la buena fe negociadora.

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En respuesta a estas acusaciones, desde el Gobierno provincial explicaron que el FONID ya no se liquida más debido a una decisión del Ejecutivo nacional. Afirmaron que este monto se ha absorbido en el aumento acordado en la última paritaria, aunque reconocen que puede haber un impacto en los salarios de directivos y supervisores, ya que se trata de un monto fijo y no porcentual.

El problema principal radica en que muchos directivos y supervisores, que están por encima de la cláusula de garantía, han perdido este incentivo y han experimentado un recorte salarial cercano al 10%.

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