Polémica total: el gobierno provincial intervino a los bomberos de Guaymallén por irregularidades

Las denuncias fueron presentadas por socios, aspirantes, y hasta bomberos que forman parte del cuartel.

El Gobierno provincial sorprendió a todos este viernes al disponer la intervención administrativa de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, luego de una serie de denuncias internas que señalaron irregularidades en el funcionamiento de la entidad. La decisión se formalizó mediante el Decreto Nº 1999, publicado en el Boletín Oficial.

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Las denuncias fueron radicadas por socios, aspirantes y miembros del cuerpo, quienes apuntan a la asamblea realizada en octubre de 2024. Allí, según consta en el expediente, se habría utilizado un padrón desactualizado, no se habrían cobrado cuotas desde 2014 y se habrían registrado dificultades para dar altas y bajas. Además, se denunció la aplicación de un sistema de listas que no estaría contemplado en el estatuto.

A estos cuestionamientos se sumaron reclamos por hostigamiento a socios opositores y la aplicación de sanciones consideradas como represalias. Pese a que la Comisión Directiva negó las acusaciones, la Dirección de Personas Jurídicas evaluó el caso y determinó que existieron anomalías en el manejo administrativo y contable de la institución.

La resolución establece una coadministración durante seis meses, en la que la actual conducción deberá compartir la gestión con una representante designada por el Ejecutivo. Esa figura contará con derecho a veto y tendrá la potestad de supervisar los balances, actualizar el padrón de asociados y garantizar la convocatoria a una nueva asamblea general ordinaria con el fin de renovar autoridades.

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Para esa función fue nombrada como coadministradora Mónica Beatriz Elías, quien actuará ad honorem. Su rol será clave para asegurar que la entidad recupere la transparencia en su funcionamiento y se adecue a lo que marca el estatuto.

El decreto también advierte que, en caso de que las medidas no se cumplan dentro del plazo previsto, el Gobierno podrá disponer una intervención plena, lo que implicaría el desplazamiento de la Comisión Directiva.


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