Liberaron al imputado por el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal

La Justicia mendocina resolvió conceder la libertad a Gonzalo Emanuel Videla Castro, imputado por el incendio del árbol de Navidad instalado en la Peatonal Sarmiento, aunque lo hizo bajo un riguroso esquema de control judicial y con la imputación penal plenamente vigente. La decisión se conoció en el marco de la causa P-723/2026, que investiga el ataque ocurrido a comienzos de enero durante una manifestación.

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El juez Leonardo Camacho, a cargo del Juzgado Penal Colegiado N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, rechazó el pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Mónica Fernández Poblet. No obstante, el magistrado dejó en claro que la calificación legal y la imputación formulada por la Fiscalía continúan sin modificaciones.

El hecho investigado se remonta al 2 de enero, cuando, en el contexto de una protesta contra la actividad minera, se produjo un ataque incendiario contra el árbol navideño emplazado en uno de los principales paseos del centro mendocino. A partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y otras medidas probatorias, el Ministerio Público avanzó con la imputación del acusado.

Si bien Videla Castro recuperó la libertad, la resolución judicial dispuso un control jurisdiccional estricto, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal de Mendoza. Entre las medidas impuestas, deberá fijar caución personal, mantener actualizado su domicilio y comunicar cualquier cambio, permanecer a disposición del órgano judicial y presentarse a firmar cada quince días en el juzgado interviniente.

Además, se le prohibió mantener contacto o acercarse a los testigos de la causa y concurrir a manifestaciones o eventos de características similares a los que derivaron en el hecho investigado. También deberá abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas mientras dure el proceso.

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La resolución incluye, asimismo, la obligación de realizar un tratamiento psicológico con acreditación periódica ante la Justicia y de cursar y aprobar una capacitación en el marco de la Ley 27.592, conocida como Ley Yolanda. En paralelo, se ordenó la prohibición de salida del país, medida que será notificada a la Dirección Nacional de Migraciones, junto con la eventual retención de sus documentos de viaje.

Finalmente, el juez advirtió que el incumplimiento injustificado de cualquiera de las reglas de conducta impuestas podrá derivar en la revocación del beneficio de la libertad y en la adopción de nuevas medidas restrictivas, tal como lo prevé el artículo 296 del Código Procesal Penal provincial. La investigación continúa en curso bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.