La Justicia mantiene a jóvenes en hogar de cura procesado por abusos

El padre Fernando Yañez está a cargo del Hogar San Luis Gonzaga, que alberga a adolescentes judicializados en Monte Comán, San Rafael. En agosto, Yañez fue procesado por abuso sexual simple, “agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda y por un ministro de culto”. Sin embargo, tal situación no parece incidir en las consideraciones de la jueza penal de menores María Inés Lona de Ábalos, quien  decidió sobre el destino de un joven que aún permanece en la Fundación. Diario Vox accedió a una nota en la que la jueza responde a un pedido de informe de la Cámara de Diputados a pocos días de conocerse el procesamiento del presbítero. En la misiva, con fecha 21 de septiembre de 2016, Lona “estima que no es necesario ni conveniente que el joven deje el Hogar, atento que con su progenitora no puede residir”. Y agrega que “desde abril del mismo año, tanto el joven como el presbítero, han comparecido todos los meses a una audiencia en este juzgado, a fin de constatar su desenvolvimiento”.

Utilizando un argumento similar, la jueza Lidia Elvira María Cofano, del juzgado penal de menores de San Rafael, decidió sobre el destino de un joven que estaba alojado en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (ex COSE) y consideró pertinente que el chico fuera derivado al Hogar porque la madre no puede hacerse cargo.

María Fontemachi, titular del Tercer Juzgado Penal de menores, es otra de las juezas que derivó a jóvenes en conflicto con la ley al Hogar. Si bien ante el pedido de informes emitido por Diputados la jueza afirma que desde “noviembre de 2015 no hay ningún adolescente derivado al hogar mencionado”, la imputación por el supuesto abuso de menores data del mes de abril de 2014.

“Sabemos que en cuestiones de niños, niñas y adolescentes la mera sospecha alcanza al órgano administrativo local (OAL) o a la Justicia de Familia para tomar una medida contra un padre o una madre por alguna vulneración de derechos contra sus hijos o hijas. Con mayor razón, la simple sospecha es suficiente para hacerlo contra un organismo religioso o de la sociedad civil”, opinó un abogado que prefirió resguardar su identidad.

Además de las decisiones de la justicia penal de menores, desde el Gobierno aún mantienen convenios activos a través de la DGE que le otorga un subsidio a través del programa de Servicio Educativo de Origen Social (SEOS) y también tendría un convenio con la dirección de Adultos Mayores.

Otro de los puntos incomprensibles es que la DINAF es querellante en la causa que ellos iniciaron contra el cura Yañez, pero que se encuentra sin actividad más allá de vencerse los plazos para que se expidan. Por su parte, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil mantiene el monitoreo de uno de sus jóvenes derivados al Hogar a través de su Unidad de Medidas Alternativas (UMA).

Yañez apeló el procesamiento y aseguró en declaraciones a la prensa que detrás de la denuncia hay una maniobra política en su contra.