La DGE busca sancionar a padres por bullying escolar: de cuánto serán las multas
El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de ley con el objetivo de reforzar la lucha contra el acoso escolar y establecer responsabilidades directas para padres, madres o tutores de los alumnos que incurran en conductas de bullying. La iniciativa contempla sanciones que pueden ir desde 50 días de trabajo comunitario hasta multas superiores a los $2 millones.
Cornejo viaja a Buenos Aires y Bullrich viene a Mendoza en un lunes muy politizado
El ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, encabezó este lunes la presentación de la propuesta. Según explicó, se trata de una modificación al Código de Contravenciones que permitirá sancionar a los adultos responsables que no acompañen a sus hijos en la corrección de conductas violentas dentro del ámbito escolar.
El proyecto también incorpora instancias de mediación y talleres de parentalidad como mecanismos para prevenir la repetición de episodios de acoso.
Buscan involucrar a los padres en la educación de los chicos.
De acuerdo con el texto, las sanciones alcanzarán a padres, tutores, cuidadores o responsables legales que, pese a estar notificados sobre la conducta de hostigamiento ejercida por su hijo o menor a cargo, no adopten medidas de supervisión, educación o contención necesarias para frenarla. Asimismo, recaerán sobre quienes incumplan compromisos asumidos en instancias de mediación.
En cuanto a las sanciones, el proyecto establece que podrán aplicarse entre 5 y 50 días de trabajo comunitario, según la decisión del juez contravencional. Además, se prevé la posibilidad de multas económicas que irán de 500 a 5000 Unidades Fijas (UF). Con el valor actual de la UF, fijado en $420, las multas oscilarán entre $210.000 y $2.100.000.
Noche de violentos robos a mano armada en Maipú y Guaymallén
El texto incorpora un agravante para los casos de reincidencia. Si el menor vuelve a incurrir en conductas de acoso escolar, el juez podrá duplicar tanto el tiempo de trabajo comunitario como la multa impuesta, además de disponer la obligatoriedad de asistir a talleres de parentalidad o instancias de terapia familiar.
Finalmente, se prevé que el dinero recaudado a través de estas sanciones se destine a un fondo provincial administrado por la DGE y las Bibliotecas Populares, orientado a la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar.
