Imputaron al exsubsecretario Marcelo D'Agostino por violencia de género y tenencia de arma
La Justicia de Mendoza imputó al exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino por coacción en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, en el marco de una causa iniciada tras la denuncia de su expareja.
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La imputación fue formalizada por la fiscal Valeria Bottini, bajo la supervisión de Alejandro Iturbide, luego de que la denunciante ratificara sus acusaciones días atrás. El exfuncionario fue citado a Tribunales para ser notificado y decidir si presta declaración.
Si bien la causa incluye denuncias por hechos más graves, como abuso sexual, por el momento la imputación se limita a figuras de menor gravedad, lo que implica que D'Agostino no quedará detenido. No obstante, la investigación continúa abierta y la calificación legal podría modificarse a medida que se incorporen nuevas pruebas.
Fuentes judiciales indicaron que existen elementos que apuntan a episodios de violencia física que habrían ocurrido hasta enero de 2024. En ese sentido, la fiscalía analiza si algunos de esos hechos podrían estar prescriptos o si existen circunstancias que mantengan su vigencia en términos legales.
El delito más delicado en la denuncia es el de abuso sexual, que aún no fue imputado y cuya evaluación sigue en curso. Para avanzar en esa línea, se prevén peritajes psicológicos y otras medidas probatorias.
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En paralelo, D'Agostino fue imputado por tenencia de arma de fuego, ya que poseía una pistola calibre 9 mm con documentación irregular, además de municiones de uso restringido. El arma fue entregada por sus abogados, sin necesidad de allanamiento.
El caso también tuvo impacto político. D'Agostino, quien ocupó el cargo desde 2015 y era considerado un funcionario cercano al exgobernador Alfredo Cornejo, presentó su renuncia tras la denuncia y fue reemplazado en sus funciones.
La denuncia incluye audios, imágenes y otros elementos que, según la víctima, respaldan los hechos relatados, entre ellos presuntas situaciones de coacción vinculadas al poder político del exfuncionario.
