El histórico récord que rompió Walter Bento tras ser condenado por corrupción
El Tribunal Oral Federal N°2 cerró este viernes uno de los procesos judiciales más trascendentes de los últimos años al condenar a Walter Ricardo Bento, de 63 años, a 18 años de prisión efectiva. La sentencia, considerada inédita por su severidad, establece la pena más alta aplicada en la historia a un ex juez federal por hechos de corrupción.
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La resolución fue adoptada por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá, tras más de dos años y medio de debate oral iniciado en julio de 2023. Además de la pena privativa de la libertad, el Tribunal impuso a Bento una multa de $540.846.159 y dispuso que continúe alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo, donde permanece detenido desde noviembre de 2023.
El fallo dio lugar al pedido central de la Fiscalía en cuanto a la duración de la condena, aunque redujo el monto de la multa económica, que originalmente había sido solicitada en más de $752 millones. También se estableció la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena y la inhabilitación perpetua por el delito de enriquecimiento ilícito.
Durante el juicio, el Tribunal declaró a Bento penalmente responsable de 14 delitos, entre ellos, jefe de una asociación ilícita, cohecho pasivo en ocho hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por su condición de funcionario público, falsedad ideológica en dos oportunidades, y ocultamiento e inutilización de pruebas. Fue señalado como el líder de una organización criminal que operó dentro de la Justicia Federal desde 2007, cobrando coimas a cambio de favores procesales.
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Algunos delitos funcionales fueron declarados prescriptos y el ex magistrado resultó absuelto en tres hechos puntuales, aunque esos atenuantes no modificaron el criterio del Tribunal al momento de fijar la pena.
La condena se dictó luego de que Bento perdiera sus fueros tras ser destituido por el Consejo de la Magistratura, lo que habilitó su detención preventiva. Desde entonces, permanece privado de su libertad en una cárcel federal.
Con esta sentencia, la Justicia dejó un precedente sin antecedentes en materia de corrupción judicial, tanto por la magnitud de la pena como por el alcance de los delitos probados, y marcó un punto de inflexión en el juzgamiento de magistrados acusados de utilizar su cargo para beneficio personal.
