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Según el planteamiento, la imposición de retenciones del 8% resulta en un ingreso de 60 millones de dólares anuales para el Estado nacional, representando apenas un 0,005% del gasto público total.
La propuesta argumenta que la eliminación de estas retenciones sería una medida crucial para salvaguardar la viabilidad económica de la vitivinicultura, evitando una contracción en las ventas que derivaría en acumulación de stocks y la consiguiente disminución de precios para productores y elaboradores.
Es relevante destacar que las modificaciones implementadas por el Gobierno de Javier Milei en el tipo de cambio mejoraron la competitividad del sector vitivinícola en aproximadamente un 20%.
No obstante, existe la preocupación de que, dado el carácter de alto valor agregado del sector, esta ganancia en competitividad pueda disminuir en los próximos meses. La exportación de una caja de vino no solo involucra el líquido en sí, sino también botellas, cápsulas, tapones, etiquetas, contraetiquetas y cartón, cuyos costos podrían estar sujetos a la evolución de la inflación.
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Adicionalmente, señalan que el 66% de las ventas de productos vitivinícolas en Argentina se concentran en el mercado interno.
