Cómo es el nuevo plan del IPV para agilizar soluciones habitacionales en toda la provincia
El Gobierno de Mendoza oficializó un ambicioso plan para acelerar y ampliar las soluciones habitacionales en toda la provincia. A través del decreto N° 1291, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial reglamentó el Artículo 47 de la Ley N° 9601 (Presupuesto 2025), estableciendo un nuevo esquema legal para el cofinanciamiento de proyectos de vivienda, urbanización e infraestructura entre la Provincia y los Municipios.
El decreto establece que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) será el organismo ejecutor de las obras, y que el objetivo no es solo la construcción o mejora de viviendas, sino también el desarrollo integral de infraestructura urbana, clave para el ordenamiento territorial y la optimización de los servicios públicos locales.
Un plan con respaldo financiero y colaboración municipal
La Ley de Presupuesto 2025 ya contemplaba estas obras con financiamiento específico, y el Artículo 44 autoriza al Poder Ejecutivo a destinar hasta $20.000 millones para proyectos de inversión pública ejecutados por los municipios. La reglamentación ahora abre la puerta a una colaboración directa, permitiendo que los municipios también aporten recursos complementarios.
Aspectos clave del nuevo marco
Convenios de cofinanciación: Se aprobó un modelo de convenio que define las condiciones para que Provincia y Municipios financien conjuntamente las obras. Firma de convenios: El Ministerio de Hacienda y Finanzas, junto con el Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Infraestructura, están habilitados para firmar acuerdos con los municipios.
Flexibilidad presupuestaria: Hacienda podrá reasignar partidas presupuestarias de programas como el de Inversión Municipal para incorporar estos nuevos proyectos. Plazos definidos: Los convenios podrán firmarse hasta el 30 de septiembre de 2025. Todos los proyectos deberán estar previamente registrados en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) y contar con la aprobación técnica de la Dirección General de Inversión Pública y de la Subsecretaría de Infraestructura.
Garantías financieras: Los municipios deberán respaldar sus compromisos de pago mediante la cesión de recursos provenientes de la coparticipación provincial (Ley N° 6396), lo que garantizará la viabilidad financiera de los proyectos.
Ejecución antes de fin de año: Una vez firmado el convenio, el IPV deberá iniciar las obras o las contrataciones correspondientes antes del 31 de diciembre de 2025. De no cumplirse los plazos, los fondos asignados podrán ser reasignados a otros proyectos.
