Comienza el juicio por trata de personas en “Pyme VIP”
Llegó desde Córdoba con la promesa de trabajo. Un aviso clasificado fue el inicio. A diferencia de lo que ocurre habitualmente, la fueron a buscar a esa provincia desde Mendoza para trabajar en un prostíbulo. Pero a los pocos días de estar en la provincia todo lo que le habían prometido cambió y para que se quedara en el lugar comenzaron las amenazas. Primero, escraches en internet. Pero luego se agravó. “A una chica le dijeron que si la encontraban en la calle la quemaban viva”, relató la mujer cordobesa en la justicia, a quien le armaron una vida en Mendoza: le inventaron un pseudónimo, era prostituida, la amenazaron, quedó embarazada víctima de la explotación sexual y en el mismo prostíbulo le recomendaron un médico para abortar.
Su historia fue clave para desenmascarar lo que pasaba detrás del prostíbulo Pyme VIP, que funcionaba frente al hotel Hyatt. Luego de las denuncias, el lugar fue allanado y se descubrió que había una red de trata de personas y corrupción detrás. Esa causa judicial se convirtió en emblemática para la provincia y está a punto de resolverse. El jueves 30 de abril comenzará el juicio oral contra Sebastián Solé, el propietario del prostíbulo y principal acusado, y otros integrantes de la red en lo que es la causa más grande que se haya realizado en la provincia por trata de personas.
Entre los acusados hay otros regenteadores del prostíbulo, pero también integrantes de la policía federal, de la policía de Mendoza, un agente municipal y también allegados a Solé que colaboraron con otra parte de la trama: el lavado de dinero. Solé tenía montado un mecanismo para insertar los recursos obtenidos y blanquearlos. El mecanismo principal de lavado era la inversión el inmuebles y la construcción; todo a través de testaferros (que también están imputados).
El allanamiento a Pyme VIP fue realizado en 2013 y generó una fuerte repercusión, pues el prostíbulo estaba en pleno centro. La forma de captar a las víctimas era a través de avisos clasificados engañosos y también por las redes sociales. En el expediente también consta que había sinergia con otros prostíbulos y que Solé expandía su negocio a Chile.
Para protegerse, tenía cooptado al menos un inspector municipal, pero también a policías. Una de las curiosidades halladas en su computadora es una foto de Solé dentro de un patrullero y con una gorra de un oficial. Al menos dos policías de la federal operaron en la protección y también se sospechaba de un agente de investigaciones de la policía de Mendoza. También será enjuiciado Ramón Pastorino, el médico encargado de hacer abortos a las mujeres que quedaban embarazadas.
La causa fue instruida por Walter Bento e investigada por el fiscal Fernando Alcaráz.
En la causa hay 12 acusados. Antes del debate, Solé se quedó sin abogado porque su defensor renunció. Su principal argumento de defensa es que las mujeres “trabajaban voluntariamente en su prostíbulo”.
La causa está basada en la ley 26.842, que “el consentimiento dado por la víctima de la trata no constituirá causal de eximición de responsabilidad penal” para los victimarios.
Su historia fue clave para desenmascarar lo que pasaba detrás del prostíbulo Pyme VIP, que funcionaba frente al hotel Hyatt. Luego de las denuncias, el lugar fue allanado y se descubrió que había una red de trata de personas y corrupción detrás. Esa causa judicial se convirtió en emblemática para la provincia y está a punto de resolverse. El jueves 30 de abril comenzará el juicio oral contra Sebastián Solé, el propietario del prostíbulo y principal acusado, y otros integrantes de la red en lo que es la causa más grande que se haya realizado en la provincia por trata de personas.
Entre los acusados hay otros regenteadores del prostíbulo, pero también integrantes de la policía federal, de la policía de Mendoza, un agente municipal y también allegados a Solé que colaboraron con otra parte de la trama: el lavado de dinero. Solé tenía montado un mecanismo para insertar los recursos obtenidos y blanquearlos. El mecanismo principal de lavado era la inversión el inmuebles y la construcción; todo a través de testaferros (que también están imputados).
El allanamiento a Pyme VIP fue realizado en 2013 y generó una fuerte repercusión, pues el prostíbulo estaba en pleno centro. La forma de captar a las víctimas era a través de avisos clasificados engañosos y también por las redes sociales. En el expediente también consta que había sinergia con otros prostíbulos y que Solé expandía su negocio a Chile.
Para protegerse, tenía cooptado al menos un inspector municipal, pero también a policías. Una de las curiosidades halladas en su computadora es una foto de Solé dentro de un patrullero y con una gorra de un oficial. Al menos dos policías de la federal operaron en la protección y también se sospechaba de un agente de investigaciones de la policía de Mendoza. También será enjuiciado Ramón Pastorino, el médico encargado de hacer abortos a las mujeres que quedaban embarazadas.
La causa fue instruida por Walter Bento e investigada por el fiscal Fernando Alcaráz.
En la causa hay 12 acusados. Antes del debate, Solé se quedó sin abogado porque su defensor renunció. Su principal argumento de defensa es que las mujeres “trabajaban voluntariamente en su prostíbulo”.
La causa está basada en la ley 26.842, que “el consentimiento dado por la víctima de la trata no constituirá causal de eximición de responsabilidad penal” para los victimarios.
