Ampliación de derechos: el Senado convirtió en ley el proyecto de cupo laboral trans

Hubo festejos y abrazos en los palcos del recinto que ocupaban integrantes del colectivo.

El Senado convirtió este jueves en ley el proyecto de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, que garantiza para integrantes de este colectivo un cupo no inferior al 1% de total del personal en organismos del Estado de los tres poderes.

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También incluye a ministerios públicos, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado.

La iniciativa, que lleva como nombre Diana Sacayán y Lohana Berkins, en homenaje a dos activistas del colectivo víctimas de travesticidios, recibió 55 votos afirmativos, uno negativo y seis abstenciones.

El cupo laboral trans ya rige en el Poder Ejecutivo y ahora se extenderá ese piso de derechos a los demás poderes del Estado, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de esta minoría en relación al mercado de trabajo, producto de la histórica marginación social a la que es sometida.

"Estamos discutiendo algo más que el cupo laboral travesti, trans y transgénero, estamos discutiendo si este colectivo va a empezar a tener los derechos que, como ciudadanas y ciudadanos, les corresponde: derechos humanos, de eso estamos hablando", expresó al abrir el debate la senadora pampeana Norma Durango (Frente de Todos).

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"No quiero mirar para otro lado como si no fuese real que 9 de cada 10 personas trans no acceden a un trabajo formal. Tenemos que reparar lo que hicimos mal como sociedad y como Estado", reflexionó la senadora del PRO Gladys González.

En la misma línea, la también oficialista Ana Almirón (Frente de Todos) advirtió que "hay un grupo humano al que el acceso al trabajo digno siempre le fue negado".

Entre los beneficios que estipula la ley para este personas pertenecientes a este colectivo se encuentra la posibilidad de ingresar al puesto de trabajo aunque no haya completado los ciclos de formación educativa, aunque se exige como condición que se retomen y finalicen esos estudios.

A su vez, la iniciativa prevé incentivos en las contribuciones patronales de 12 y 24 meses (dependiendo del tamaño de la empresa) en caso de contratar personal de este
colectivo.

La ley también contempla el acceso a créditos en el Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de proyectos productivos de personas de este colectivo,
garantizando capacitación para el acceso al beneficio.

Por otra parte, no se tendrán en cuenta los antecedentes contravencionales para el ingreso al trabajo, así como tampoco los antecedentes penales que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, teniendo en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.



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