Más de 800 estatales ingresaron a la moratoria jubilatoria

Según confirmó a Diario Vox el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez, desde su puesta en marcha en 2016 se inscribieron al programa de jubilación por moratoria unos 810 agentes de la administración estatal.

La medida alcanza a los agentes públicos, de planta de personal permanente o temporaria, que cuenten con la edad necesaria para obtener la prestación de jubilación ordinaria, pero que no cumplan con el requisito de los años de servicios con aportes computables al Sistema Previsional, según el ordenamiento legal vigente.

En la norma se aclara que el beneficiario de la prestación deberá tener una antigüedad mínima de dos años de servicio. De cumplir con este requisito, el Estado le otorgará al trabajador un subsidio con el que se cancelará el saldo pendiente de aportes que surjan del Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas (SICAM).

Desde la subsecretaría de Gestión Pública comentaron que realizaron un relevamiento de personal en el que se pudo determinar que al menos unos 2500 agentes públicos ya tienen la edad para jubilarse, pero no cuentan con los años de aportes suficientes para obtener el beneficio. Al respecto Suárez dijo: “Creemos que esta moratoria representa un doble beneficio para el trabajador porque cobrará la jubilación que hubiera cobrado si contara con todos los aportes, y a diferencias de otras moratorias, no tiene que poner un solo peso de su bolsillo porque esa deuda la cubre el Estado”.

Consultado sobre las causas de que haya trabajadores que no cuenten con sus aportes, el subsecretario señaló: “Son personas que están en relación de dependencia, pero que adeudan aportes previsionales, quizás por haber trabajado en otros lugares en negro o también puede ser por haber ingresado a la administración con contratos que no contemplaban el pago de sus aportes”.

Para el ejecutivo provincial esta medida va un paso más allá de lograr el beneficio de la jubilación de agentes públicos. Es que, según manifestó el subsecretario, con esta medida apuntan a un “reordenamiento de la planta de personal que generará una economía de $180 millones durante el período de 2017”.

Si bien la cantidad de trabajadores que se han inscripto en la moratoria no supera a la mitad de los que están en condiciones de hacerlo, desde el ejecutivo confían que con la prórroga impuesta hasta el 31 de marzo se sumarán más personas. Sobre todo agentes y personal administrativo de la Dirección General de Escuelas donde se encuentra el mayor número de trabajadores en condiciones de jubilarse y al mismo tiempo la mayor resistencia, por parte del SUTE, sindicato que representa al personal docente.

En cuanto a qué sucederá con esos cargos vacantes generados por las jubilaciones de personal, Suárez dijo: “Vamos a llamar a concurso para ingresos, pero se va a cubrir un porcentaje de no más del 10% de esas bajas producidas por la moratoria. Hoy tenemos una planta de 97 mil empleados públicos de los cuales nosotros pretendemos que cada uno trabaje en los lugares donde se necesita”.