La Nación asistirá a productores de peras y manzanas de Mendoza

Se trata de beneficios fiscales destinado a productores, empacadores, frigoríficos, comercializadores e industrializadores de distintas provincias.

A través de 615/20 el gobierno Nacional creó el Programa de Asistencia de emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas en el marco de la pandemia de coronavirus que afecta a distintos sectores productivos e industriales del país.

Las provincias alcanzadas por la resolución son Mendoza, San Juan, Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Beneficios fiscales para productores de peras y manzanas

El Programa establece una prórroga de los vencimientos generales para el pago de obligaciones de la seguridad social que operen desde el 1° de junio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, ambas fechas inclusive. Además suspende la iniciación de juicios de ejecución fiscal.

Se posterga el vencimiento del pago de las obligaciones devengadas durante la emergencia dispuesta por la Ley N° 27.354 y sus modificaciones, y a reformular los planes de pago dictados al amparo de esas normas, para todos los sujetos que hayan dado cumplimiento a los requisitos contemplados en ese marco legal hasta el 1° de enero de 2021.

Requisitos para acceder a los beneficios del programa de emergencia

La actividad desarrollada en la cadena de producción de peras y manzanas en la o las jurisdicciones citadas constituya la actividad principal, entendiéndose por tal, aquella que haya generado más del 50% de los ingresos brutos totales en el año fiscal 2016, o bien, aquella en la que se haya empleado más del 50% de la nómina salarial de la empresa, excluidos y excluidas los empleados y las empleadas temporarios y temporarias.

El gobierno extendería la suspensión de despidos hasta fin de año

El cumplimiento de dicho requisito se acreditará mediante un certificado expedido por la autoridad provincial competente.

Que los ingresos brutos totales en el año calendario 2016 o ejercicio económico cerrado en el 2016, según corresponda, no hayan superado la suma de $ 7.000.000.

Que acredite, mediante certificación de la autoridad provincial competente, que ingresó en un plan de mejora de la competitividad que el Gobierno Provincial correspondiente desarrolle, a los efectos de incrementar la rentabilidad de los sujetos alcanzados por el mencionado programa.

La norma completa 


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