La Justicia española rechazó anular el juicio contra Garzón

Por cuatro votos a favor y tres en contra, el Supremo desestimó todas las cuestiones previas planteadas al inicio del juicio por la defensa de Garzón y la Fiscalía del propio tribunal, informó la secretaria judicial actuante en el caso.

Tras conocerse la decisión, el juicio se reanudó con el interrogatorio al magistrado, quien decidió no responder a las preguntas de la acusación, que ejercen conjuntamente las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad, y comenzó a contestar a su defensa, ejercida por Gonzalo Martínez-Fresneda.

La Fiscalía y la defensa de Garzón plantearon al comienzo del juicio la invalidez de las acusaciones, por no cumplir con los mínimos legales, y la falta de imparcialidad del juez instructor Luciano Varela, así como también solicitaron la aplicación de la llamada “doctrina Botín”.

Esta doctrina, del propio tribunal, establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la Fiscalía no presenta acusación alguna, y si no hay una acusación particular directamente damnificada en la causa.

Garzón, de 56 años, se enfrenta a la pena máxima de 20 años de inhabilitación prevista para el delito de prevaricato, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta, por haberse declarado competente en 2008 para investigar más de 100.000 desapariciones forzadas del franquismo en el marco de “crímenes de lesa humanidad”.

El magistrado regresó hoy al Tribunal Supremo donde fue recibido por manifestantes entre aplausos y gritos de apoyo.

“Tenemos memoria, queremos justicia”, “Fosas cerradas, heridas abiertas”, coreaban los manifestantes. Al conocer que el Supremo había decidido seguir adelante con el juicio, comenzaron a gritar “vergüenza, vergüenza”.

El domingo, miles de personas, entre ellas las principales asociaciones de víctimas del franquismo y organizaciones de derechos humanos, se manifestaron en Madrid en apoyo al juez y contra los que denominan “juicios de la vergüenza”.

Garzón, quien se hizo mundialmente famoso por ordenar la detención del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 y por procesar al represor argentino Adolfo Scilingo en 2005, afronta dos juicios en su contra en el Supremo por prevaricato.

En el primero, por el que ya espera sentencia, enfrenta un pedido de 17 años de inhabilitación por haber autorizado escuchas telefónicas, supuestamente ilegales, entre los principales imputados en la trama de corrupción y lavado de dinero Gürtel, ligada al gobernante Partido Popular (PP), sus abogados.

No obstante, un solo día de condena significaría el final de su carrera judicial.

Además de esta causa y la del franquismo, Garzón se encuentra a las puertas de un tercer juicio después de haber sido imputado la semana pasada por un delito de cohecho impropio por una financiación que solicitó al Banco Santander y otras entidades y empresas españolas para unos cursos que dictó en Nueva York entre 2005 y 2006.