La Izquierda y el Sute presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el Código de Faltas

Luego de sortear las instancias de discusión legislativa y de haber estado en el centro de la agenda política como uno de los proyectos más resistidos por la oposición y organizaciones sociales, parece que el nuevo Código de Contravenciones seguirá por un buen tiempo ocupando espacio en las noticias.

Sucede que a menos de un mes de su promulgación, el código volvió a tomar notoriedad por distintos hechos que tuvieron gran repercusión en relación a su aplicación. Entre ellos, la denuncia por maltrato efectuada por una docente tras haber sido agredida por el padre de uno de sus alumnos y la decisión de la DGE de suspender en el cargo de “supervisor suplente” a un docente de San Rafael quien le dijo sorete al gobernador en su muro de Facebook.

La norma también alcanzó repercusión nacional este fin de semana luego del informe realizado por el programa “Periodismo para todos”, que conduce Jorge Lanata, donde se preguntaron si el mendocino se trataba de un “estado ordenador o estado vigilante”.

Ahora, referentes del Frente de Izquierda y del SUTE iniciaron un nuevo capítulo pero esta vez desde el ámbito judicial al presentar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 55 inciso “f” que considera como actos turbatorios y desórdenes “organizar manifestaciones o reuniones públicas que convoque masivamente a personas en locales cerrados o al aire libre, sin dar aviso a la autoridad competente para que implemente las medidas de seguridad que el caso requiera”. Dicha acción recayó en la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM) a cargo de los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio.

Según Noelia Barbeito (FIT), el artículo 55 “coarta el derecho a la manifestación y a la reunión y por lo tanto es inconstitucional ya que viola tratados internacionales que dan cuenta del derecho a la manifestación a la reunión y que está consagrado en la Constitución Nacional”. Es una clara política de amedrentamiento y persecución por parte del gobierno provincial en sintonía con lo que está haciendo el gobierno de Macri.

Por su parte, el abogado constitucionalista Carlos Lombardo dijo que si las autoridades de la Suprema Corte hacen un análisis conforme los principios de razonabilidad y legalidad que imperan en el ordenamiento constitucional argentino la presentación cuenta con buenas posibilidades de prosperar. “Entendemos que es inconstitucional porque regula o limita un derecho sensible para la sociedad como es el derecho de reunión o manifestación pacífica. Deja ver como el poder político para limitar derechos parte del poder cuando tienen que partir de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Acá se han entrometido en un espacio privado del docente”, dijo.

En el artículo 46 del Código de Contravenciones que refiere a las sanciones por ofensa personal a funcionario público se incluyó que “quedan exceptuados de la presente, los funcionarios con representación política”.

A raíz de la separación del cargo de supervisor del docente Ricardo Ermili fue que el SUTE también se sumó a la acción de inconstitucionalidad. Al respecto, Sebastián Henríquez, titular del gremio docente, afirmó que se plegaron a la medida porque son los trabajadores de la educación “los principales afectados por el Art. 55 del código” y calificó como una “ridiculez” la pretensión de tener que pedir permiso para desarrollar reuniones o manifestaciones pacíficas y públicas.

En ese sentido agregó que existe por parte del ejecutivo una especie de “ensañamiento y censura que busca crear un clima de miedo donde ya nadie sabe qué se puede y qué no se puede hacer” y que estas acciones deben incluirse en un marco más general de lo que está pasando en la provincia como la baja a la docente Paola Vignoni por oponerse al operativo Aprender en 2016 o los tres docentes del IES Tomás Godoy Cruz imputados por la ocupación pacífica del instituto que se dio en el marco de la lucha contra la reforma de la educación superior.