Delcy Rodríguez enviará a la Asamblea una ley de amnistía y proyecta cerrar El Helicoide en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que impulsará un proyecto de ley de amnistía general para presos políticos ante la Asamblea Nacional, con el objetivo de promover la convivencia pacífica en el país tras años de polarización.
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La iniciativa incluye, además, la clausura del centro de detención conocido como El Helicoide, emblemático por su uso durante décadas como prisión y por denuncias de abusos bajo administraciones chavistas anteriores.
Rodríguez hizo el anuncio durante un acto oficial frente al Tribunal Supremo de Justicia, donde explicó que enviará la propuesta legislativa a la Asamblea para su debate y eventual aprobación. "Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley sea llevada a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela", afirmó, pidiendo que nadie "imponga la violencia o la venganza" para que se pueda vivir "con respeto". Según su relato, la medida fue discutida con Nicolás Maduro.
La amnistía contemplada por el proyecto no solo implicaría la liberación de personas detenidas por motivos políticos, sino también el borrado de las causas penales en su contra, ampliando el alcance más allá de las excarcelaciones parciales realizadas en las últimas semanas. El borrador excluiría de la gracia a quienes hayan sido condenados por delitos graves como homicidio y narcotráfico, según lo detallado por fuentes oficiales.
Rodríguez también anunció planes para transformar El Helicoide, un complejo de detención en Caracas que ha sido símbolo de represión, tortura y detenciones arbitrarias, en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad. Esta medida forma parte de un planteamiento más amplio sobre cambios institucionales y sociales en el país.
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El anuncio se da en medio de un proceso heterogéneo de liberaciones. El propio Gobierno oficialista ha señalado que han sido liberadas más de 600 personas bajo el marco de excarcelaciones políticas desde principios de año, aunque organizaciones de derechos humanos y ONG independientes verifican cifras notablemente menores y advierten que muchas de esas liberaciones están sujetas a restricciones -como prohibiciones de salir del país, hablar con la prensa o incluso condiciones judiciales- que limitan la libertad plena de los beneficiados.
Activistas y defensores de derechos humanos han expresado reservas respecto de la transparencia y el alcance real de las medidas anunciadas, subrayando que sin garantías de un proceso justo y accesible podría tratarse de gestos parciales más que de una apertura política duradera.
La presentación de esta iniciativa legislativa llega en un momento de intensa atención internacional y presiones internas, mientras sectores de la sociedad civil, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos observan con escepticismo el desarrollo de los sucesos en Venezuela y el impacto de estas políticas en la reconciliación nacional.
