Fresneda celebró la ley de prevención de torturas

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, celebró la sanción de la ley que crea un sistema de prevención de torturas en cárceles, al destacar que se trata de «una herramienta de indudable valor que velará por los derechos de las personas privadas de libertad».


La iniciativa aprobada ayer en Diputados da forma al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo objetivo será garantizar todos los derechos reconocidos por la Convención del mismo nombre firmada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

A través de un comunicado, Fresneda destacó que la sanción de la ley "pone de manifiesto una vez más la voluntad del gobierno nacional para adecuar su legislación nacional a los estándares internacionales en materia de derechos humanos".

En ese sentido, recordó que el proyecto de ley fue una iniciativa parlamentaria presentada por el Frente para la Victoria en 2008, a partir de la propuesta del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

“No es casual que Argentina sea el primer país latinoamericano y federal en ratificar el Protocolo a la Convención contra la tortura", señaló el funcionario nacional en el marco de su visita a la provincia de Misiones, donde participará del Encuentro Nacional del Consejo Federal de Derechos Humanos.

Fresneda agregó que la ley aprobada el miércoles "es también fruto de la reciente exposición de nuestro país ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la incorporación de un argentino, Enrique Font, como miembro del Subcomité para la prevención de la tortura de la ONU”.

La norma, aprobada por 137 votos a favor y 48 en contra, alcanza a todos los establecimientos de detención bajo jurisdicción de los Estados nacional, provincial o municipal, así como cualquier otra entidad pública, privada o mixta donde se encuentren personas privadas de su libertad por orden, instigación o consentimiento de la autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.

Crea también el Comité Nacional contra la Tortura, que dependerá del Parlamento y estará integrado por miembros del Congreso, representantes de las provincias y organismos nacionales, como la Secretaría de Derechos Humanos y de la Procuración Penitenciaria Nacional.