Frenan endeudamiento y amenazan con recortes

La Suprema Corte de Mendoza dio lugar al pedido de la UCR para suspender la vigencia de la ley de “reconducción” que fue sancionada como parche ante la falta de Presupuesto y que permitiría al Gobierno buscar financiamiento para cubrir el déficit de este año. La decisión cayó como un balde de agua fría en Casa de Gobierno y ayer durante todo el día hubo reuniones políticas para evaluar los pasos a seguir. La primera reacción del Ejecutivo fue acusar al radicalismo y a la Corte de impulsar un recorte de gastos que podría afectar servicios. Allí aparecieron también los intendentes del PJ, quienes aseguraron que la obra pública se puede ver afectada, al igual que el pago a proveedores.

La UCR pidió que se declare inconstitucional la ley 8667 y que mientras se resuelve se suspenda la aplicación de esa norma. Luego de que fracasara el intento de mediación política, la Corte resolvió ayer la primera parte: frenó la aplicación de la ley. Esa norma permitía al Gobierno extender la aplicación del Presupuesto 2013, incluyendo la posibilidad de endeudarse con la autorización lograda el año pasado.

Esto, debido a que el Presupuesto 2014 no está aprobado y tampoco la Legislatura aprobó un nuevo endeudamiento. El fallo de la Corte que se conoció ayer establece la “prohibición de incluir en el presupuesto reconducido los recursos provenientes del uso del crédito autorizado por éste en su momento, como así también los recursos provenientes de los créditos públicos con autorizaciones legislativas cuyo ingreso ocurra durante la ejecución del presupuesto reconducido”.

Por otra parte, la Corte señaló que en los próximos cinco días los denunciantes (UCR) “deberán rendir caución real por la suma de 2 millones de pesos”, una garantía que podría ser, incluso, una propiedad. “Con la mayor recaudación de estos meses, el Gobierno puede hacer frente a las obligaciones del Estado sin tomar deuda”, dijo Sergio Pinto, presidente de la UCR tras conocerse la decisión de la Corte. Asimismo, insistió: “Se puede sancionar el presupuesto sin endeudamiento. Esperamos que el Gobierno reflexione y tome en cuenta la situación. Nosotros reiteramos el compromiso de tratarlo cuando el Ejecutivo lo disponga”.
El gobernador Francisco Pérez convocó de urgencia a los principales dirigentes del PJ. Primero fue el turno del gabinete en pleno. Luego estuvieron en Casa de Gobierno los intendentes del oficialismo. Y hoy estarán los legisladores nacionales. En principio como medida coyuntural harían recortes internos en cada ministerio. Pero la necesidad de ajustar gastos sería también una herramienta política: el discurso oficial apunta a que sin la ley y sin autorización para tomar más deuda, se frena la obra pública y corren riesgo los servicios y hasta los salarios.  El Gobierno asegura que necesita 1200 millones de pesos y para eso buscaban financiación local.

La UCR ahora busca hacer pesar la decisión y obligar al Gobierno a negociar en otros términos.