En 6 meses se sumaron más de 200 presos federales a las cárceles locales

El endurecimiento del Congreso en materia penal tuvo un efecto inmediato sobre las cárceles mendocinas que alojan presos federales. Desde el inicio de año, la cantidad de personas privadas de su libertad por delitos federales creció en el orden del 48% y lidera el podio nacional con el mayor crecimiento. Más de la mitad no cuenta con una condena firme.

De acuerdo a datos publicados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), en diciembre de 2016 se registraban 458 internos repartidos en las distintas unidades penales. Esta cantidad había sido la más baja de los últimos 5 años y todo hacía indicar que las cifras seguirían en descenso. No obstante, el endurecimiento de las leyes en materia penal y las políticas de lucha activa contra el narcotráfico, fueron determinantes para detener esta tendencia e incluso volcar la balanza hacia el lado opuesto.

Una nueva medición realizada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, evidenció un crecimiento exponencial y constante de la población carcelaria a partir de febrero de 2017, que se mantuvo hasta trepar a 679 personas en junio. Esto quiere decir, que en 6 meses se sumaron un total de 221 personas, lo que representa un 48% más desde el inicio de año. Del total, la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional), alertó que el 63% no cuenta con una condena firme, el 10% son mujeres y casi una cuarta parte permanece bajo arresto domiciliario.

Todo esto en un contexto de sobrepoblación producto del atraso de la administración anterior para completar las obras (reiniciadas por Cornejo) del complejo penitenciario de Luján de Cuyo.

Tendencia nacional

El impacto de las reformas introducidas en el Código Penal se trasladó a todas las provincias en las que se alojan presos federales, ya sea con cárceles propias u ocupando unidades penales provinciales (como el caso de Mendoza).

En junio pasado alcanzó la cifra inédita de 11.561 personas, lo que equivale a un incremento de 5% respecto a diciembre pasado. Casi el 60% de ese total corresponde a personas encarceladas de forma preventiva, lo que implica un aumento de 5,6% durante los primeros seis meses del año, casi al mismo ritmo que el crecimiento total.

Los datos pertenecen al Reporte de Población en el SPF que periódicamente procesa y sistematiza el área de Registro y Base de Datos de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). En su última edición, el relevamiento señala que los detenidos con causas dependientes del fuero federal aumentaron un 8%, por encima de la media general.

En tanto, el número de mujeres detenidas registra un incremento del 9% durante el corriente año, ya que pasó de 796 en diciembre de 2016 a 877 en junio de 2017. Asimismo, el reporte indicó que para junio pasado se registraron 41 niños y niñas viviendo con sus madres en penitenciarías.

Leyes más duras

Durante el segundo semestre de 2016 y lo que va de 2017, el Congreso ha dado cuenta de un endurecimiento del Código Penal Argentino. En total se sancionaron 9 leyes, de las cuales 5 tienen impacto directo sobre delitos federales.

En materia de narcotráfico, la Ley 27302 introdujo la sanción de la siembra y cultivo de plantas, semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes. Asimismo, establece la redacción y actualización periódica del listado de precursores, sustancias o productos químicos que, por sus características o componentes, puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes.

Concerniente a la represión del delito y la investigación, se destaca la 27304 que introdujo reducciones en las escalas penales para aquellos que aporten información precisa, verosímil y comprobable respecto de otros partícipes del delito. Que se complementa con la 27319 aumenta las facultades necesarias de las fuerzas de seguridad y de los poderes judiciales para ser aplicadas a la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos. Además, regula las figuras del agente encubierto, los reveladores, informantes y vigilantes.

Por último, se sumó la Ley 27372 que destaca los derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, y crea la figura del Defensor Público de la Víctima. Su incidencia sobre la población carcelaria es directa, ya que sitúa a la víctima como una voz a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal de los condenados.