El Gobierno quiere recuperar gastos multimillonarios por accidentes de tránsito

Durante 2016 un total de 2.350 lesionados tuvieron que ser atendidos en hospitales estatales. Una cama de terapia intensiva cuesta alrededor de $70 mil diarios. Los municipios gastan hasta $30 millones al año en arreglos.


La siniestralidad vial se ha convertido en un hoyo negro de las cuentas provinciales al constituir anualmente gastos multimillonarios que el Estado nunca recupera. Para terminar con las pérdidas, el Gobierno de Mendoza tomó la decisión de tercerizar el cobro de los costos que insumen por la asistencia de lesionados y roturas de la vía pública, y que deberían hacerse cargo las aseguradoras de vehículos, ART y obras sociales. Los gestores se quedarán con una tercera parte de lo recuperen durante los cuatro años que dura el contrato, con opción a prórroga.


El sistema de salud es el que carga el mayor peso con los costos. Durante 2016, las ambulancias del Servicio Coordinado de Emergencia asistieron a 10 mil llamados de los cuales una cuarta parte derivó en internaciones en los hospitales de referencia. De acuerdo a datos elaborados por el Ministerio de Seguridad, solo el año pasado el sistema de emergencias derivó a 2.350 accidentados a los hospitales de referencia provincial para ser atendidos por lesiones que van de leves a graves. Muchas de éstas requieren internaciones prolongadas e intervenciones en cirugías de riesgo, lo que implica altos costos en recursos humanos, fármacos de amplio espectro y prótesis.


Según un relevamiento realizado por Diario Vox a mediados de 2016, en el hospital Central (efector de referencia del área metropolitana), una cama de terapia intensiva insume $70 mil diarios. Si se tiene en cuenta que de miércoles a domingos la totalidad de las 20 camas disponibles están colapsadas por traumatizados, los costos anuales trepan hasta los $364 millones. Multiplicado por el resto de los hospitales de referencia, los gastos asumen dimensiones astronómicas.


Pero no son los únicos con pérdidas, tanto Vialidad Provincial como los municipios destinan gran parte de su presupuesto al arreglo y reconstrucción de infraestructura afectada por accidentes. Si bien los municipios no discriminan entre siniestros y actos de vandalismo, la restauración de espacios públicos requirió que los departamentos del Gran Mendoza lleguen a gastar hasta $30 millones durante 2016 solo para recuperar obras.


Reconstruir la caja


Ante esta caja sin fondo, el ex ministro de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Rubén Giacchi (reemplazado después de una denuncia de violencia de género), introdujo la idea en el Gobierno de emular a las clínicas privadas y tercerizar el cobro de estos costos a las compañías aseguradoras de vehículos y ART.


En una reciente licitación -que se prolongó durante casi un año-, el Gobierno acordó con la firma “Servicios y Consultoría S.A”, para que se encargue del “servicio de gestión y asistencia técnica y logística para la optimización de las políticas públicas en materia de control vial para la disminución de la accidentología y sus impactos negativos en los costos asociados en el Sistema de Salud Pública”. Además deberá encargarse del “fortalecimiento y/o desarrollo de procesos administrativos para gestionar eficazmente la determinación y el cobro de los recursos presupuestarios derivados de los sistemas mencionados”, según consta en el Boletín Oficial.


Pero el acuerdo no se limita al sistema sanitario ya que el contrato también le otorga incumbencias en hechos de rotura del espacio público, incorporados en la nueva ley de tránsito. La norma -que se está bajo el análisis de la Legislatura-, establece en su artículo 108º F, que cada vez que ocurra un siniestro vial, el agente interviniente deberá tomar nota en el “acta de constatación” todos aquellos “daños ocasionados a la infraestructura vial (pavimento, puentes, drenajes, dispositivos de seguridad, columnas de hormigón y de alumbrado, alcantarillado y veredas), adjuntándose oportunamente las fotografías pertinentes”.


El convenio establece que “la contratista percibirá una retribución mensual consistente en una comisión porcentual del 28% más IVA”, sobre la recaudación mensual de las gestiones realizadas. En contrato, que entró en vigencia esta misma semana, se extenderá por los próximos cuatros años, con la opción a prórroga por un año más.