Diputada de Cambiemos acusada de lavado, no quiere renunciar a sus fueros

Finalmente, la Cámara Federal confirmó la prisión preventiva de Aída Ayala en el marco de la investigación por lavado de dinero que la complica. Sin embargo, la diputada de Cambiemos no irá a prisión porque ostenta fueros que la protegen.

Es curioso, porque en octubre pasado la mujer había pedido a viva voz a la Cámara de Diputados que le fueran suspendidos los fueros a efectos de ponerse “a disposición de la Justicia”.

Lo hizo a través de una sentida misiva, en la cual sostuvo: “No me escudaré en los fueros parlamentarios, esclareceré los hechos y mi falta de responsabilidad en el lugar que corresponde: los tribunales de justicia”. Incluso, a la hora de defenderse, Ayala minimizó su responsabilidad en la investigación de marras y sostuvo que el fallo de la Justicia en su contra “no tiene nada que lo sustente”.

Sin embargo, los jueces han entendido otra cosa: en el fallo, que se conoció en las últimas horas, determinaron que la legisladora, entre los años 2003 y 2015, mientras fue intendenta de Resistencia, habría beneficiado a la firma recolectora de residuos Pimp SA, investigada por blanqueo de capitales.

“Es dable señalar la gravedad de los ilícitos y el rol atribuido a Aída Ayala en ellos, la participación en forma organizada, el grado de probabilidad arribado en esta instancia en relación a la hipótesis delictiva, así como la trascendencia social e institucional de los hechos cometidos en el seno de esta ciudad; su complejo modus operandi, y la capacidad económica y operativa acreditada en autos, como circunstancias que denotan el riesgo cierto de elusión de la nombrada del accionar de la justicia”, señaló la Cámara. Como puede verse, los jueces presumen que la diputada podría fugarse. En el contexto referido, ¿cómo es posible que la mujer no haya sido aún desaforada? ¿Qué explicación cabe al respecto?

Dentro del espacio Cambiemos las opiniones están divididas. Por un lado, están quienes buscan quitarle los fueros a Ayala. Por el otro, los que creen que la legisladora debe permanecer inmune. Los radicales encabezan esta última opción.

Entretanto, mientras los diputados no se ponen de acuerdo, la causa judicial avanza y la mujer permanece impune. Dicho sea de paso, ¿por qué no renuncia a su banca?

Es bien cierto que el discurso de Cambiemos respecto de la transparencia y la honestidad es persistente, pero está claro que solo se queda en ello: en puras palabras vacías.

Se realizó en General Roca, Río Negro, la primera ablación (extirpación de un órgano o de un tejido corporal) amparada en la “Ley Justina” aprobada el 4 de julio último pero reglamentada este lunes.

El hospital de la localidad rionegrina aplicó este lunes la nueva normativa y realizó una ablación que implicaba un caso de muerte violenta, según informaron a Télam desde la Justicia y el ministerio de Salud de la provincia.

La familia del joven, del cual no trascendió su nombre y quien en vida no manifestó estar en contra de la donación, se negaba a que se utilicen sus órganos. Pero ante el requerimiento urgente de los médicos del Hospital de General Roca a la Justicia el procedimiento de ablación pudo ser llevado a cabo. En un trámite acelerado la fiscal Graciela Echegaray presentó una solicitud a la jueza de Garantías María Gadano. Fundándose en la Ley Justina y la magistrada dictó la aprobación para que los profesionales pudieran seguir adelante.