Paso a paso: cómo se desencadenó el escándalo de los certificados truchos en la Liga Mendocina
Detrás de los estudios médicos exigidos a cientos de futbolistas que compiten en la Liga Mendocina de Fútbol, la Justicia investiga una presunta red de falsificación de certificados que involucra a integrantes de un sindicato, empleados municipales y una médica cuyo nombre apareció en documentos que, según ella misma denunció, nunca firmó. El caso, que ya derivó en cinco imputaciones y fuertes restricciones judiciales, expone un sistema con múltiples irregularidades.
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Todo comenzó con un convenio firmado entre la Liga Mendocina y la razón social "STMM Salud", supuestamente promovida por Fabio Alenda, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Maipú. En los papeles, el objetivo era claro: facilitar los estudios cardiológicos obligatorios a los jugadores de los 31 clubes afiliados. En la práctica, sin embargo, las cosas fueron distintas.
Para justificar la prestación del servicio, el nombre de la cardióloga Marisa Torre fue incorporado a la estructura médica. Pero ella misma aseguró más tarde que su firma fue falsificada en numerosas planillas, sin haber autorizado ni participado de esos estudios. Su denuncia encendió las alarmas y derivó en la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público Fiscal.
Entre 2022 y 2025, se estableció que cada jugador debía realizarse dos estudios al año. El costo oscilaba entre 8 mil y 37 mil pesos por consulta, monto que era abonado por los futbolistas, recaudado por la Liga y luego transferido al sindicato.
Pero las irregularidades no terminaban allí: según la fiscalía, al menos dos empleadas municipales -Patricia Godoy y Rocío Reyes Godoy- realizaban electrocardiogramas sin tener habilitación ni conocimientos técnicos para hacerlo.
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Cuando los registros presentaban inconsistencias o fechas sospechosas, el grupo emitía órdenes falsas para estudios complementarios, con firmas también adulteradas, simulando así un seguimiento clínico que nunca se realizó. El circuito estaba armado: médicos que no atendían, estudios que no se hacían y jugadores que, sin saberlo, eran parte de una operatoria presuntamente fraudulenta.
La fiscalía ya citó a declarar a cinco personas: una médica, tres empleadas municipales y el dirigente sindical. A todos se les exigió presentar cauciones económicas millonarias en un plazo de cinco días. El monto más alto, de 50 millones de pesos, fue asignado al sindicalista; otros dos imputados deberán pagar 20 millones y las restantes, 10 millones cada una.
Como medidas preventivas, se les prohibió salir del país, deben presentarse mensualmente ante la Fiscalía y sus bienes quedaron inhibidos. Según el comunicado oficial del Ministerio Público, las imputaciones ya están en marcha y no se descarta que puedan ampliarse a otros involucrados.
El caso aún está en etapa investigativa, pero deja al descubierto un entramado que mezcla deporte, salud, dinero y conexiones políticas. Y mientras avanza la causa, cientos de jóvenes futbolistas ven cuestionada la validez de los controles médicos que, al menos en los papeles, debían cuidar su salud.
