Investigan un presunto desvío millonario de fondos vinculados a la Selección Argentina
La Justicia federal avanza sobre una compleja ingeniería financiera que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a una red de sociedades radicadas fuera del país. El foco está puesto en un presunto desvío de al menos 50 millones de dólares originados en la actividad internacional de la Selección Argentina.
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El expediente, a cargo del juez federal Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, con la intervención de la fiscal Cecilia Incardona, reconstruye un flujo de fondos que habría transitado por empresas sin actividad económica verificable que justifique movimientos millonarios.
Según la investigación, los ingresos en cuestión provendrían de contratos estratégicos, entre ellos amistosos internacionales, el acuerdo con Adidas y los derechos vinculados a la plataforma AFA Play. En total, la explotación comercial en el exterior habría alcanzado unos 260 millones de dólares. La fiscalía intenta determinar qué proporción fue efectivamente liquidada a la AFA y por qué una parte sustancial no habría ingresado al destino previsto: el fortalecimiento de los clubes locales.
En el centro del entramado aparece TourProdEnter LLC, firma vinculada al empresario Javier Faroni, que habría administrado y recaudado los ingresos internacionales. Parte de esos fondos se habrían fragmentado en transferencias hacia cinco entidades específicas: Velpasalt Global LLC (US$14,7 millones), Marmasch LLC (US$13,4 millones), Soagu Services LLC (US$10,8 millones), Dicetel (US$4,8 millones) y Velp LLC (US$3 millones).
La pesquisa ya detectó irregularidades documentales. Consta en el expediente que una certificación contable atribuida a un profesional resultó ser falsa y habría sido utilizada para la adquisición de vehículos, hecho acreditado judicialmente. De confirmarse el uso de documentación apócrifa, la causa podría ampliarse a falsificación de instrumento privado y lavado de activos.
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En una resolución reciente, el magistrado ordenó al Banco Coinag un informe exhaustivo sobre productos bancarios, extractos históricos y plazos fijos vinculados a las firmas investigadas. Desde la entidad aseguraron que cumplen con las normativas del Banco Central de la República Argentina y la legislación de prevención de lavado, aunque la investigación continúa su curso.
"La reconstrucción de este circuito es vital para entender si hubo una administración fraudulenta de los recursos que legítimamente pertenecen al fútbol argentino", señalaron fuentes cercanas a la fiscalía.
El expediente también se proyecta sobre el plano local. La Justicia ordenó un peritaje integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield y el fideicomiso vinculado a la institución, con el objetivo de establecer si existió una conexión entre los fondos presuntamente desviados y el financiamiento de estructuras internas.
En términos penales, la figura bajo análisis es la administración fraudulenta, tipificada en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal, un delito particularmente complejo cuando involucra asociaciones sin fines de lucro.
La estrategia de la fiscalía se desplegará en tres frentes técnicos: el rastreo internacional de activos para identificar beneficiarios finales de las LLC; peritajes caligráficos y digitales sobre dispositivos secuestrados; y una auditoría comparativa entre contratos internacionales y balances presentados ante la Inspección General de Justicia. Las eventuales discrepancias entre lo percibido en el exterior y lo ingresado al país podrían constituir la prueba central del presunto desvío.
