De la “lluvia de inversiones” al aluvión de acciones judiciales por el aumento extra del gas

Era previsible que la polémica decisión del gobierno de Mauricio Macri de otorgar a las empresas distribuidoras de gas una compensación por las pérdidas experimentadas por el efecto de la devaluación cosechara inmediatamente las críticas de todo el arco opositor. Pero lo que quizás no se esperaba era que esas críticas también surgieran de aliados estratégicos como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, o del propio gobernador de Mendoza y presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, quien afirmó que “el gobierno nacional intenta que paguen partes iguales los productores y los usuarios” con costos financieros altísimos y tasas leoninas que son imposibles de pagar para la mayoría de los usuarios.

Siguiendo el estilo discursivo que el gobierno utiliza para definir sus medidas políticas y económicas, como la lluvia de inversiones, los brotes verdes o la tormenta financiera, se podría decir que el flamante secretario de Energía, Javier Iguacel, deberá enfrentar ahora un “aluvión” de acciones en la justicia de parte de usuarios y asociaciones de defensa al consumidor.

De hecho, el aluvión ya comenzó con la denuncia penal realizada por el Fiscal Guillermo Marijuán a Iguacel por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Además en el Congreso de la Nación diputados de todos los bloques de la oposición, del Frente para la Victoria-PJ, Argentina Federal, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda  y el Movimiento Evita, también han presentado proyectos para que se dé marcha atrás con la Resolución 20/2018.

En ese marco, el diputado por el Partido Intransigente, José Luis Ramón, fue uno de los primeros en presentar un amparo judicial colectivo en la Justicia Federal solicitando que se derogue la medida y al mismo tiempo pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de la resolución y de los decretos que habilitan esta práctica.

Desde el Frente Renovador, Graciela Camaño explicó que con la resolución oficial se perpetra la violación del principio de irretroactividad, y agregó que “los pagos efectuados por los usuarios produjeron efectos cancelatorios definitivos”.

En esa línea el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, dijo que “el Gobierno primero dolarizó las tarifas, después devaluó y más tarde llevó la tasa de interés a niveles nunca vistos. Ahora dice que, por esa devaluación, los usuarios deben pagar otra vez por el gas que ya usaron. Además lo hacen usando la tasa de interés más alta de los últimos tiempos”.

Por su lado, el diputado Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, aseguró que a este gobierno “solo les preocupa garantizar las ganancias de los empresarios estafadores” y pidió que se terminen los tarifazos que están saqueando el bolsillo de las mayorías.

Con estrategias diferentes, pero el mismo objetivo tanto Macri como Iguacel salieron ayer a justificar la medida alegando que era la única medida posible para amortiguar el impacto de tener que pagar el precio real del gas. El presidente se refirió a los aumentos a través de un video en su cuenta de Instagram donde se lo ve relajado manteniendo una conversación con una persona a quien le asegura que le “da bronca cómo alguien puede creer que a uno le gusta aumentar el valor de la energía o que se encapricha y, por eso, lo aumenta. Se lo aumenta porque es lo que vale”.

En declaraciones a radio Mitre, Iguacel dijo que “el enojo de los usuarios se debe a que hubo mucha desinformación, mala información o mala explicación” y que entre las opciones disponibles se dispuso espaciar la suba en 24 cuotas e indicó que si no se hacía de esta manera en vez de 34,7%, el incremento hubiera dado el 200%.