Crece la población en las cárceles y las granjas penales están casi vacías

Hay más de 3700 personas en las distintas cárceles y denuncian hacinamiento; Mientras tanto, en las instalaciones de fase de confianza hay capacidad ociosa.



Por Horacio Yacante



El endurecimiento del régimen penal realizado en Mendoza en
los últimos años, ha generado dos efectos contrarios y a la vez significativos
de la situación penitenciaria provincial.



Por un lado, las cárceles mendocinas se encuentran excedidas
en su capacidad y algunos internos “hasta duermen en el piso”, mientras que las
colonias penales de recuperación no alcanzan ni a cubrir una cuarta parte de
las vacantes disponibles. En los últimos diez años la población penal aumentó
un 30% aproximadamente. La Procuración Penitenciaria Nacional pone a Mendoza y
a Córdoba como las provincias donde más crece la cantidad de presos.



Fabricio Imparado, procurador de personas privadas de la
libertad de Mendoza, comentó que mientras se estima que aproximadamente 3750
personas permanecen encerradas (el número cambia constantemente), solo una fracción
muy mínima puede acceder a las instancias más cercanas a la inserción social,
como son las colonias penales de Gustavo André en Lavalle y en San Rafael.
Justamente en esta última, es llamativo que de las 60 plazas disponibles,
actualmente estén siendo aprovechas por 15 personas –o menos-, lo que
representa solo una cuarta parte de su capacidad.



La presión ejercida por la opinión pública después de los
asesinatos resonantes -principalmente el de Matías Quiroga-, fue significativa
para que las unidades penales mendocinas se colocaran entre las más densamente
pobladas del país.



El hecho de que Omar “El Tanga” Gómez (recientemente hallado
culpable del asesinato del joven), gozara de salidas transitorias, terminó
siendo determinante para que este tipo de beneficios se volvieran inaccesibles
para el resto de los internos y la población penal explotara demográficamente.



Condiciones inhumanas



Las condiciones edilicias que presentan las unidades penales
distan mucho de ser humanas. La falta de un lugar donde dormir es lo primero
que salta a la vista de los observadores y fiscalizadores nacionales e
internacionales. “Hemos encontrado que Almafuerte (la unidad más moderna del
sistema), llegan a dormir hasta siete internos en una celda diseñada para
tres”, comenta Imparado.



La cárcel de mujeres, ubicada en El Borbollón, en Las Heras,
no escapa de esta realidad y en algunos casos ocurre que dos internas tienen
que compartir la cama para que no duerman en el piso.



También están expuestos a otros peligros como las conexiones
eléctricas “tumberas”, es decir, cables con electricidad que pasan de celda a
celda sin cuidar ninguna norma de seguridad. La limpieza de los predios y la
higiene personal de los internos también es descuidada, ya que no se facilitan
los suministros necesarios.



El procurador argumentó que si bien es poco probable que se
detenga la corriente que promueve el endurecimiento penal en nuestra provincia,
el caso de Omar Gómez, sentenciado a prisión perpetua, será paradigmático para
poder entender que también se puede hacer prevención del delito desde dentro de
las cárceles.



“No hay que preguntarse si ‘El Tanga’ salió o no, sino qué
hicimos como sociedad cuando estaba preso”, propone el abogado y argumenta que
si se entiende lo que ocurre en las cárceles, se puede trabajar para crear
políticas que promuevan la inserción social de las personas que atravesaron por
una condena.