Aún no hay funcionarios condenados por trata

En Mendoza hay siete sentencias condenatorias, pero en ningún caso involucra a sectores del poder. En el caso “Pyme vip” piden prisión para policías, pero se amplían las sospechas.

La trata de personas es una práctica aberrante antigua, pero que recién fue tipificada como delito en 2008 en Argentina. En Mendoza ya hay siete condenas y la explotación sexual es la más recurrente. Pero falta una pata: no hay ningún funcionario público condenado por ese delito, a pesar de que todos los especialistas aseguran que es imposible que eso ocurra sin la complicidad de la policía y el poder político.
En las próximas semanas eso puede cambiar. Los querellantes del juicio por trata de personas ocurrido en el prostíbulo Pyme Vip pidieron prisión para dos policías y un ex agente municipal por considerarlos parte de una organización que participó del delito de trata de personas. Pero en ese mismo juicio se abrieron aristas que podrían ampliar el alcance del tema, pues también se desprendieron sospechas de complicidad del sector empresario, entre otros. El viernes pasado se presentaron los primeros alegatos en ese juicio, que es el más grande de los realizados en Mendoza.
Los querellantes de la Unidad de Información Financiera pidieron una pena de prisión de ocho años para el ex inspector municipal Raúl Coquejo, y la misma condena para los policías federales Ángel Arias y Nelson Bravo. Según la acusación, los tres fueron parte de la red de protección que se organizó para llevar adelante el delito. En la audiencia previa declaró el ex comisario de la Federal Sergio Petterino, que dejó muchas dudas por su falta de memoria: “No me acuerdo”, respondió a la mayoría de las consultas. También volvió a ser involucrado el empresario hotelero Marcelo Rosental como ex nexo entre los policías y el dueño del prostíbulo, Sebastián Solé. Para Solé pidieron la condena más dura que se prevé: 14 años de cárcel. Otro funcionario público que podría ser condenado es el ginecólogo Osvaldo Pastorino, que aún ejerce en un Centro de Salud pública de Las Heras a pesar de estar acusado de ser parte de la red de Pyme Vip (era el ginecólogo “recomendado” para realizar los abortos de las víctimas).
Otro dato alarmante que surgió del juicio es que la mayoría de las víctimas no quiso atestiguar, muchas de ellas por temor. Incluso se mencionaron mensajes y amenazas hacia ellas en los días previos al inicio del juicio.
Según un informe realizado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas en Mendoza hubo siete condenas por trata de personas, cinco de las cuales se refieren a casos de explotación sexual. Casi la totalidad de las víctimas fueron mujeres. “La mayor parte de las víctimas de trata de personas son mujeres (80%) y mayores de edad (82%). El alto porcentaje de víctimas mujeres se corresponde con el hecho de que el 85% de las sentencias condenatorias dictadas son por el delito de trata con fines de explotación sexual, y que todas esas sentencias de trata sexual tienen a mujeres como víctimas. Esta manifestación inocultable de la violencia y discriminación que la explotación sexual depara a las mujeres”, indica el informe.