Aseguran que la lista de deudores alimentarios es sólo un muestreo
Desde hace dos años el Gobierno de Mendoza, en combinación con el Poder Judicial, publica periódicamente a través de los medios de comunicación una nómina de padres o madres que no están al día con las cuotas alimentarias de sus hijos.
El juez de Familia, Carlos Neirotti, resaltó que el espíritu de esta normativa “no está en perseguir al deudor alimentario, sino en efectivizar este derecho del niño”. La asistencia, que no es sólo alimentaria sino integral (educación, vestimenta, salud, etc.), es un derecho garantizado por la Constitución Nacional.
Un dato a tener en cuenta es que esta nómina, que empezó con un poco más de 300 casos y en los últimos meses ha marcado una tendencia de aumento hacia los 500, es “solamente un muestreo de la situación general”, ya que contempla únicamente los casos que han pasado a una etapa de juicio de ejecución, y que además han sido incluidos voluntariamente en esa lista por el o la demandante.
Por lo tanto, este crecimiento en la lista demuestra que no es que los casos hayan aumentado, sino que cada vez más demandantes hacen valer este recurso para “presionar al deudor” a través de la “vergüenza pública “ y la inhibición de ciertas actividades administrativas.
Efectiva a corto plazo
La ley establece que el incumplimiento de tres cuotas seguidas o tres alternadas entre cinco meses, ya sea total o parcialmente, tiene como consecuencia una serie de penalizaciones que les tornará inviable ser proveedores del Estado, acceder a un cargo público, sacar el carnet de conducir o viajar al exterior, entre otras.
Sin embargo, asesorados por abogados, muchos deudores suelen pagar las cuotas atrasadas al momento de querer concretar alguno de estos trámites, pero vuelven a reincidir posteriormente.
Esto evidencia que la norma sólo tiene una efectividad medible al corto plazo, pero no fomenta un cambio cultural que garantice el respeto de los derechos de los niños.
Al respecto Neirotti, hace hincapié en que los padres tienen que entender que “es una deuda con el hijo o hija, y no con la ex pareja”.
Falta de estadísticas
Otro factor que dificulta la medición de la efectividad de la norma, es la falta de estadísticas que puedan determinar la cantidad total de deudores alimentarios y su nivel de reincidencia. Datos fundamentales para diseñar una política que permita mejores resultados a largo plazo.
Tampoco existe un estudio que pueda compararlo con las estrategias utilizadas en otras provincias, por lo que hasta el momento, la Justicia de Familia se ha movido a ciegas con datos insuficientes como para poder medir su eficacia.
El juez de Familia, Carlos Neirotti, resaltó que el espíritu de esta normativa “no está en perseguir al deudor alimentario, sino en efectivizar este derecho del niño”. La asistencia, que no es sólo alimentaria sino integral (educación, vestimenta, salud, etc.), es un derecho garantizado por la Constitución Nacional.
Un dato a tener en cuenta es que esta nómina, que empezó con un poco más de 300 casos y en los últimos meses ha marcado una tendencia de aumento hacia los 500, es “solamente un muestreo de la situación general”, ya que contempla únicamente los casos que han pasado a una etapa de juicio de ejecución, y que además han sido incluidos voluntariamente en esa lista por el o la demandante.
Por lo tanto, este crecimiento en la lista demuestra que no es que los casos hayan aumentado, sino que cada vez más demandantes hacen valer este recurso para “presionar al deudor” a través de la “vergüenza pública “ y la inhibición de ciertas actividades administrativas.
Efectiva a corto plazo
La ley establece que el incumplimiento de tres cuotas seguidas o tres alternadas entre cinco meses, ya sea total o parcialmente, tiene como consecuencia una serie de penalizaciones que les tornará inviable ser proveedores del Estado, acceder a un cargo público, sacar el carnet de conducir o viajar al exterior, entre otras.
Sin embargo, asesorados por abogados, muchos deudores suelen pagar las cuotas atrasadas al momento de querer concretar alguno de estos trámites, pero vuelven a reincidir posteriormente.
Esto evidencia que la norma sólo tiene una efectividad medible al corto plazo, pero no fomenta un cambio cultural que garantice el respeto de los derechos de los niños.
Al respecto Neirotti, hace hincapié en que los padres tienen que entender que “es una deuda con el hijo o hija, y no con la ex pareja”.
Falta de estadísticas
Otro factor que dificulta la medición de la efectividad de la norma, es la falta de estadísticas que puedan determinar la cantidad total de deudores alimentarios y su nivel de reincidencia. Datos fundamentales para diseñar una política que permita mejores resultados a largo plazo.
Tampoco existe un estudio que pueda compararlo con las estrategias utilizadas en otras provincias, por lo que hasta el momento, la Justicia de Familia se ha movido a ciegas con datos insuficientes como para poder medir su eficacia.
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