Apuntan contra Nadal y piden explicaciones por el funcionario a cargo de los testeos, que tiene laboratorio privado

Se trata del coordinador de la Red de Laboratorios de la Provincia, debido a su pertenencia a una entidad privada que realiza testeos de detección de COVID.

La diputada Mercedes Llano (PD) le pide explicaciones a la ministra de Salud, Ana María Nadal, respecto a la posible incompatibilidad de funciones o eventual conflicto de interés de un funcionario de su gabinete, que en plena pandemia lleva adelante un rol clave.

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Se trata del coordinador de la Red de Laboratorios de la Provincia, debido a su pertenencia a una entidad privada que realiza testeos de detección de COVID.

"Dicho funcionario además de coordinar los testeos relacionados al virus SARS CoV 2, se desempeña como Jefe del Servicio de Virología del Hospital Central, y se encuadra, según los inciso 9 del artículo 6 de la Ley N° 8.993 - Ley Provincial de Ética Pública- dentro de los sujetos comprendidos por las incompatibilidades establecidas por dicha Ley para el ejercicio de la función pública", argumenta el proyecto presentado en la Cámara de Diputados.

Además, sostiene que "se podría estar presentando una situación de conflicto de interés, provocando la comisión del delito penal sancionado en el artículo 265 de nuestro Código: 'Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo'".

Cabe recordar que en las últimas semanas el Ministerio de Salud de la Provincia aplicó criterios restrictivos para realizar hisopados que permitan identificar casos positivos de Covid. Esto implica que los efectos públicos solo testean en la actualidad a mayores de 60 años, embarazadas o menores de 60 años con patologías de riesgo asociadas a este coronavirus.

Por lo que las personas que no integran estos grupos deben asistir a efectores privados para poder contar con un diagnóstico certero, debiendo pagar una suma que ronda los $3.000.

"Es necesario que nuestros conciudadanos puedan tener acceso a los métodos de detección del Covid-19 con los que cuenta el Estado Provincial sin recurrir a gastos extras para su correcta atención en prestadores privados, contando con la suficiente información al respecto y el número adecuado de dependencias públicas donde se realizan los testeos", fundamenta.

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