Apelan el pago de la imdemnización a la mujer casada con un casado
El hecho ocurrió durante el gobierno de Roberto Iglesias cuando el director del Registro Civil era Néstor Parés. Sospechas sobre el fallo judicial.
El juez Sebastián Márquez Lamená dio lugar parcialmente a una demanda presentada por Claudia Carina Vera quien accionó contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza por daños y perjuicios porque se enteró que su marido ya estaba casado. Aduce que el Registro Civil debería haberle advertido –cuando ella se casó el 10 de octubre de 2003 en el Registro Civil de La Estanzuela en Godoy Cruz- que Juan José Barrios se había casado tres meses antes –el 17 de julio de 2003- en la oficina del departamento de Las Heras.
En ese entonces el gobernador era Roberto Iglesias y el director del Registro Civil, Néstor Parés quien figura en las declaraciones indagatorias ante el juez. Cuando la provincia contesta la demanda pide que se rechace la pretensión de la mujer y niega que sea función del Registro Civil la verificación de la aptitud nupcial. Cuando se realizó el civil de la señora Vera y el señor Barrios, se presentaron dos testigos y –tal como figura en la partida de matrimonio - “manifiestan conocer a los comparecientes y creerlos hábiles para contraer matrimonio”. Ambos testigos son de parte de ella: su hermana y su cuñado. Tampoco en ese año estaba el Registro Civil informatizado aunque no hubieran existido muchos datos de Barrios pues nació en Córdoba.
Claudia Carina Vera solicitó que el gobierno le pague los gastos de la boda, de abogados y médicos por su depresión al enterarse de que su esposo había cometido bigamia pero el juez determinó hacer lugar sólo parcialmente por $19.000.
Ariel Pringles afirmó que no corresponde que el estado pague esta demanda y que los abogados de asesoría letrada de Gobierno apelarán la decisión del juez. El subsecretario manifestó que la decisión del juez es sospechosa porque actuó con ligereza en su fallo y que esto alimenta la tan criticada “industria del juicio donde cualquiera y por cualquier cosa demanda al Estado”. “El Registro Civil –dijo Pringles- toma los recaudos en cada caso cuando le pregunta a los contrayentes y a los testigos su situación matrimonial y eso es fedatorio, pero también con la informatización no tendrán lugar las mentiras y en eso estamos trabajando”.
El juez Sebastián Márquez Lamená dio lugar parcialmente a una demanda presentada por Claudia Carina Vera quien accionó contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza por daños y perjuicios porque se enteró que su marido ya estaba casado. Aduce que el Registro Civil debería haberle advertido –cuando ella se casó el 10 de octubre de 2003 en el Registro Civil de La Estanzuela en Godoy Cruz- que Juan José Barrios se había casado tres meses antes –el 17 de julio de 2003- en la oficina del departamento de Las Heras.
En ese entonces el gobernador era Roberto Iglesias y el director del Registro Civil, Néstor Parés quien figura en las declaraciones indagatorias ante el juez. Cuando la provincia contesta la demanda pide que se rechace la pretensión de la mujer y niega que sea función del Registro Civil la verificación de la aptitud nupcial. Cuando se realizó el civil de la señora Vera y el señor Barrios, se presentaron dos testigos y –tal como figura en la partida de matrimonio - “manifiestan conocer a los comparecientes y creerlos hábiles para contraer matrimonio”. Ambos testigos son de parte de ella: su hermana y su cuñado. Tampoco en ese año estaba el Registro Civil informatizado aunque no hubieran existido muchos datos de Barrios pues nació en Córdoba.
Claudia Carina Vera solicitó que el gobierno le pague los gastos de la boda, de abogados y médicos por su depresión al enterarse de que su esposo había cometido bigamia pero el juez determinó hacer lugar sólo parcialmente por $19.000.
Ariel Pringles afirmó que no corresponde que el estado pague esta demanda y que los abogados de asesoría letrada de Gobierno apelarán la decisión del juez. El subsecretario manifestó que la decisión del juez es sospechosa porque actuó con ligereza en su fallo y que esto alimenta la tan criticada “industria del juicio donde cualquiera y por cualquier cosa demanda al Estado”. “El Registro Civil –dijo Pringles- toma los recaudos en cada caso cuando le pregunta a los contrayentes y a los testigos su situación matrimonial y eso es fedatorio, pero también con la informatización no tendrán lugar las mentiras y en eso estamos trabajando”.
