La Corte Suprema de EEUU falló en contra de Argentina por YPF
La Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos falló ayer que el juicio contra la Argentina por
la expropiación de la petrolera YPF se llevará adelante en los tribunales de
Nueva York, a contramano de lo solicitado por el gobierno de Mauricio Macri.
La causa -en la que el país podría ser condenado a pagar
unos 3.000 millones de dólares- comenzará su proceso en uno de los tribunales
del Distrito Sur de Manhattan a cargo de Loretta Preska, una jueza de primera
instancia que anteriormente ya falló en contra de los intereses de la Argentina
hace tres años.
La Corte Suprema estadounidense dijo que no acepta el
pedido de la Argentina de analizar la demanda iniciada por la nacionalización
de la petrolera YPF, en el denominado caso Petersen, por lo que rechazó el
expediente y habilitó a los tribunales inferiores a continuar el juicio.
Esto significó un duro revés para la estrategia judicial
puesta en marcha por el país, encarada por los abogados que representan los
intereses locales, tanto de la empresa petrolera como del Estado argentino.
Es por eso que en horas de la tarde de ayer se conoció
que el gobierno cambiará la estrategia y pedirá que la causa vaya a juicio
“cuanto antes”.
El pedido del ejecutivo a la justicia norteamericana
apuntará a iniciar “cuanto antes” el juicio por la demanda del fondo buitre
Burford Capital contra YPF, en el que se reclama una indemnización
multimillonaria por la estatización de la compañía petrolera durante el
kirchnerismo.
La Procuración del Tesoro y el estudio Skadden, Arps,
Slate, Meagher & Flom, que representa a la Argentina, cambiaron de
estrategia para defender al país contra la demanda de Burford, que exige unos
US$ 3.000 millones.
Cuando se reinicie el juicio, la defensa argentina
reclamará otra vez trasladarlo a Buenos Aires. El fondo Burford argumentó, para
evitar que la demanda se traslade a Buenos Aires, que el kirchnerismo había
desarrollado una “persecución” contra el fondo, algo que no garantizaba
imparcialidad.
Fue luego de que la ex procuradora del Tesoro Angelina
Abbona, junto al ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y
Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella, iniciaron una demanda en el país
contra Burford, pero esa denuncia ya fue cerrada por el fiscal Guillermo
Marijuan.
El Gobierno argumentará ahora que el hecho de que ya no
esté vigente esa demanda contra Burford cambia el contexto, justifica que no
hay persecución y muestra que en el país hay un ámbito equitativo para litigar.