Proponen candidatos proactivos para dirigir juzgados en San Rafael
Tal como ocurrió con las candidatas Liliana Muñoz de Lázaro para el Tribunal de Cuentas y Mariana Silvestri para la Defensoría General, el gobernador Alfredo Cornejo repitió el criterio de recomendar perfiles de funcionarios dinámicos y proactivos para ocupar dos vacantes en juzgados de San Rafael. Con 37 y 43 años de edad, ambos llevan más de una década de servicio al Estado, lo que les permite combinar una visión “fresca” de las nuevas necesidades de la justicia mendocina y la experiencia necesaria para encarar los cambios solicitados por la sociedad.
La primera vacante corresponde a la Primera Cámara del Trabajo de San Rafael. Para ocuparla, el gobernador ha seguido el criterio del Consejo de la Magistratura, cuya evaluación dejó en primer lugar al abogado de 37 años, Dante Carlos Granados, oriundo del departamento sureño. Recibido de abogado de la Universidad de Mendoza en 2004, posee además una maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales.
Durante 10 años se dedicó a la actividad privada sobre todo en materia de laboral, comercial, civil y tributaria. A partir de 2010 hizo su ingreso en la justicia mendocina a través del puesto de prosecretario letrado en la Primera Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción en San Rafael, al que accedió por concurso después de obtener una de las calificaciones más elevadas.
A partir de 2013 hizo su llegada a la Ciudad, donde ocupó cargos de conjuez en diversos juzgados. En 2016 retornó a San Rafael, donde se encuentra actualmente, como conjuez de la misma cámara donde comenzó su carrera pública.
En su corta pero nutrida experiencia, también ha exhibido capacidad para la docencia y desde 2012 que posee el título de profesor de grado universitario en Ciencias Jurídicas. También ha ocupado cargos docentes en la Universidad de Mendoza y en la sede de San Rafael de la Universidad Nacional de Cuyo.
La segunda vacante corresponde Segunda Cámara del Crimen, también de la Segunda Circunscripción. Siguiendo el criterio de evaluación del Consejo de la Magistratura, la candidata con mayor puntaje es la abogada María Eugenia Laigle, oriunda de Buenos Aires, aunque reside en San Rafael desde 1999. Se recibió en 1998 en la Universidad Nacional de Buenos Aires y posteriormente obtuvo la especialización en Derecho Penal y una maestría en Criminología.
Algo que la destaca es que posee un perfil mixto dentro del sistema acusatorio del fuero penal. Esto se debe a que desde 2006 a 2011 se desempeñó como defensora oficial de pobres y ausentes, con intervención en asuntos penales y privados, y de 2011 hasta la actualidad cumple la función de fiscal de instrucción y civil. Su ingreso al Poder Judicial había sido en 2000, después de una breve práctica en el ámbito privado.
En sus casi dos décadas de práctica profesional, la abogada también cuenta con una nutrida experiencia como docente. Su dedicación ha estado abocada cien por ciento al Derecho Penal, y ha impartido clases en las sedes sureñas de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de Mendoza y la Facultad de Derecho de la Universidad Champagnat.