Crece la polémica por el “fracking” y podría haber protestas locales

Ambientalistas debaten medidas para oponerse y quieren una ley; la provincia por ahora minimiza el problema.

La polémica sigue. Y por ahora el debate está instalado en algunos departamentos, con la intención de “arrastrarlo” hasta la ciudad y los centros de poder. Se trata de la oposición que se está generando en Mendoza al “fraking”, el método usado para extraer petróleo no convencional.

Ya hay tres municipios que sacaron ordenanzas rechazando ese método y ahora las asambleas en defensa del agua elaboran una estrategia provincial para oponerse. Mientras tanto, desde el Gobierno aseguran que aún toman como una preocupación el tema. Pero por las dudas suman argumentos para rebatir las quejas. Entre ellos mencionan que Mendoza ya es una provincia petrolera y que “si hay intendentes que se oponen, también deberían renunciar a los beneficios que les da el petróleo”. Como sea, la polémica está planteada.
El fracking es el método usado para extraer el petróleo “atrapado” en la roca y es un mecanismo distinto al usado convencionalmente. Ese petróleo es la gran esperanza para aumentar las reservas y la producción de hidrocarburos en la provincia. Las reservas de “vaca muerta” son el principal reservorio de petróleo no convencional del país y abarca todo el norte de Neuquén y el sur de Mendoza.

El fin de semana habrá varias asambleas en el Valle de Uco. Allí las organizaciones defensoras del ambiente definirán una estrategia para movilizarse en contra del “fraking”. El lugar elegido es Tupungato y no es casual. En ese Departamento el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza para prohibir el fraking, lo mismo que hizo San Carlos y luego Alvear. Pero Joaquín Rodríguez, el intendente tupungatino, vetó la ordenanza. Una de las posibilidades que se analiza es buscar que la Legislatura sancione alguna ley restringiendo esa metodología en toda la provincia; algo similar a lo ocurrido con la minería a cielo abierto.

Desde el Gobierno aseguran tener argumentos de sobra para rebatir esas intenciones. En primer lugar explican que Mendoza es una provincia petrolera desde hace más de 5 décadas y que gran parte de sus ingresos y riqueza proviene de esa actividad. De hecho cerca de un 25% del PBG viene del petróleo y sus industrias derivadas. Además creen que las ordenanzas sancionadas no tendrían ningún peso legal y creen que son inconstitucionales. Incluso apuntan contra los intendentes, asegurando que la mayoría de los ingresos de sus comunas también vienen del petróleo. “No es el mismo caso de la minería, porque la provincia es la que más trayectoria tiene en la industria petrolera en el país. El tema está arraigado a la gente. Además no hay dudas sobre los métodos”, aseguró un allegado al tema en el Gobierno.