El Gobierno elimina el aporte obligatorio a Coviar y pone fin al plan vitivinícola
El Gobierno nacional dispuso la eliminación del aporte obligatorio que los establecimientos vitivinícolas realizaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), una decisión que impacta de lleno en el financiamiento del organismo. La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial y establece que las bodegas dejarán de contribuir de manera compulsiva.
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La resolución 55/2026, firmada por el presidente Javier Milei, también determina el cierre formal del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI), sin contemplar una prórroga. De este modo, se da por finalizado el esquema que sostenía económica e institucionalmente a la entidad.
En su artículo 6, la normativa establece la finalización de las contribuciones obligatorias previstas en la Ley 25.849, así como de cualquier otra fuente de financiamiento público nacional vinculada al PEVI. A su vez, fija un plazo máximo de tres meses para que la Coviar presente un informe de cierre que detalle los logros alcanzados, el uso de los fondos y la correspondiente rendición de cuentas.
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Con esta decisión, el Ejecutivo considera cumplida y extinguida la finalidad del esquema de financiamiento que sostenía el plan estratégico.
Si bien la Coviar no será disuelta, la eliminación de su principal fuente de ingresos la deja en una situación crítica. La continuidad operativa del organismo queda ahora sujeta a la capacidad de encontrar nuevas formas de financiamiento en un contexto complejo para la vitivinicultura.
La relación entre el Gobierno y la entidad ya venía mostrando tensiones. En agosto del año pasado, el directorio de Coviar había aprobado un incremento del 45% en la alícuota de la contribución obligatoria, medida que fue rechazada tanto por el Ejecutivo como por sectores de la industria bodeguera.
La Coviar es un ente público-privado con alcance nacional, encargado de articular y ejecutar políticas para el desarrollo del sector vitivinícola en función de los objetivos del PEVI. Con la finalización de ese plan, su rol y sus metas quedan ahora en revisión, en medio de un escenario de incertidumbre institucional y financiera.