La UNCuyo le marcó la cancha al Gobierno de Milei con un fuerte reclamo
La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) emitió un duro pronunciamiento en el que cuestionó al Gobierno del presidente Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó las afirmaciones oficiales que señalan una presunta "suspensión total de la actividad académica" en las universidades nacionales.
Desde la casa de estudios mendocina aseguraron que esa versión "falta a la verdad" y remarcaron que todas las actividades institucionales continúan desarrollándose con normalidad.
Según detallaron, las aulas, laboratorios, bibliotecas y demás espacios de trabajo permanecen plenamente operativos, mientras que el calendario académico sigue en marcha con el dictado de clases, mesas de examen y actos de graduación conforme a lo previsto.
"La universidad sigue funcionando"
En el comunicado, la UNCuyo sostuvo que basta recorrer sus edificios para comprobar que la actividad universitaria continúa activa. La institución destacó especialmente el compromiso cotidiano de docentes, personal no docente, investigadores, trabajadores administrativos y estudiantes, quienes sostienen el funcionamiento general pese al complejo escenario presupuestario.
La universidad remarcó que la continuidad académica no responde al acompañamiento financiero del Estado nacional, sino al esfuerzo interno de su comunidad educativa, que mantiene abiertas las distintas áreas esenciales del sistema universitario.
Reclamo por salarios y pérdida del poder adquisitivo
Uno de los puntos centrales del documento refiere al deterioro salarial de los trabajadores universitarios. La UNCuyo afirmó que los sueldos atraviesan una fuerte pérdida frente a la inflación y advirtió sobre un retraso acumulado del 47,3%.
En ese marco, señaló que el verdadero riesgo para la continuidad de la educación superior no radica en las medidas de protesta, sino en el "deliberado e ilegal incumplimiento" de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional.
La normativa, recordaron, contempla partidas destinadas a garantizar salarios dignos, becas estudiantiles y recursos para investigación científica, programas de extensión universitaria y acciones de vinculación tecnológica con la sociedad.